El PNV presenta una enmienda para incluir el derecho a decidir «pactado» en la Constitución

La modificación limitada de la Carta Magna lleva congelada en el Congreso desde mediados del año pasado. El Gobierno aprobó en mayo de 2021 reformar el artículo 49 de la Carta Magna para eliminar la referencia que alude a los «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos», una reclamación histórica de las asociaciones de las personas con discapacidad. El problema es que para que esa modificación sea efectiva necesita de la aprobación de los tres quintos del Congreso. O lo que es lo mismo, de un pacto entre el PSOE y el PP. A pesar de estar de acuerdo con el fondo, los populares consideran que dado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se apoya en formaciones como ERC y EH Bildu, abrir el melón de la reforma constitucional resulta peligroso.

El plazo de enmiendas expiró ayer, según el 'timing' decidido por el Gobierno. El PNV presentó un total de once propuestas que van más allá de la supresión del término «disminuido» y tienen un marcado tono soberanista. Las peticiones del PNV llegan, además, días después de que ERC anunciase su intención de exigir la celebración de un referéndum pactado sobre el futuro de Cataluña para volver a apoyar a Pedro Sánchez tras las elecciones del año que viene. En la mayoría de los casos, son reclamaciones que la formación liderada por Andoni Ortuzar ya ha formulado en otras ocasiones, pero que recupera ahora en un contexto muy determinado.

El PNV señala en la justificación que incorpora a las enmiendas que «el encaje del pueblo vasco en el sistema constitucional sigue siendo una cuestión pendiente» y que la aceptación del régimen de autonomía, «tal y como señala expresamente la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika, no implicó renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia».

Los jeltzales aluden a la resolución aprobada por el Parlamento vasco en 1990 en la que aprobó el derecho de autodeterminación y añaden: «Si se desea encontrar una fórmula de articulación amable y duradera de la realidad vasca en el conjunto del Estado, el marco constitucional no puede ni debe ser concebido en pleno siglo XXI como un cercado jurídico que limite la expresión democrática y anule la voluntad libremente expresada por la ciudadanía vasca».

Los jeltzales también piden que se incorpore una «cláusula de salvaguarda de las materias propias forales», la creación de una «Sala Foral del Tribunal Constitucional» para dirimir los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento vasco y de las normas forales de las Juntas Generales y eliminar la suspensión automática de las leyes autonómicas «cuando estas sean impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional».