Podemos y PP cargan contra la reforma educativa por sus «renuncias» y «sectarismos»
El lehendakari da por hecho que la nueva ley saldrá adelante pese a las diferencias surgidas con el PSE e insta a los grupos críticos a que «faciliten un clima de acuerdo»
La reforma educativa ha entrado de lleno en la fase del toma y daca político. Y los reproches de los grupos críticos con el borrador presentado la semana pasada por el PNV ... han elevado su magnitud varios grados hasta calificar la propuesta como «sectaria» y «una renuncia absoluta». A la negociación técnica le quedan dos semanas por delante, hasta el 4 de marzo, después de que el Parlamento ampliara este miércoles el plazo para enmendar el texto base, que apuesta por equiparar el modelo público y el concertado y fijar el euskera como eje del proceso, así que la mañana de este viernes Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs se han apresurado a advertir de que mucho van a tener que cambiar las cosas para sumarse al gran pacto que reclama el lehendakari.
Urkullu ha vuelto a hacerlo este viernes, durante la sesión de control celebrada en el Parlamento. Ha recalcado que está cobrando forma la ley que marcará la educación de «toda una generación» y ha pedido que el ruido no entorpezca un proceso que, pese a las discrepancias expresadas por sus socios del PSE-EE, cree que cristalizará. «Faciliten un clima de acuerdo», ha pedido a los críticos. Se refería a Miren Gorrotxategi y Carlos Iturgaiz, que son los que han llevado sus dudas sobre el rumbo de la reforma a la sesión plenaria. Con Eneko Andueza las conversaciones son más discretas. Vía WhatsApp. O quizá Telegram, la red predilecta del lehendakari.
El camino no está tan despejado como le gustaría a Urkullu. Bildu está confirme con las bases para la reforma, pero el PNV trabaja a contrarreloj para cerrar la brecha abierta con sus socios del PSE-EE, a los que la apuesta por equiparar la red pública y la concertada no les gusta. Tampoco al PP vasco, cuyos reproches al borrador han sido este viernes de grueso calado. Iturgaiz ha acusado al nacionalismo de hacer «ingeniería social» en la educación y de querer «expulsar al castellano». El líder de los populares también ha instado a «no subordinar la educación a la euskaldunización» y a permitir la «libre elección de centro» abandonando el «cerco a la concertada que, a su juicio, plantea el borrador.
Las discrepancias de Podemos son de otro tipo, centradas principalmente en la pérdida de peso que podría padecer la red pública si sale adelante la reforma educativa en los términos planteados y el aval a los centros que segregan por sexos. «Su apoyo a lo público es un eufemismo», ha lanzado la portavoz Miren Gorrotxategi a Urkullu, «ni siquiera ofrecen plazas suficientes para la demanda que existe. Donde ustedes ven una particularidad vasca el común de los mortales vemos una renuncia absoluta».
«La libre elección se mantendrá»
El lehendakari es consciente del momento que atraviesa la reforma educativa, pero no quiere enredarse en un debate eterno. Ha sugerido durante su intervención que, pese a la controversia -interna y externa- la nueva ley verá la luz en menos de un año -«llevamos diez meses y necesitaremos otros diez»-. También ha rechazado las acusaciones de PP y Podemos asegurando que el sistema público será «esencial» y que su reforzamiento es un objetivo del programa de Gobierno «que se va a cumplir». Ha garantizado además que el modelo de elección de centro «se va a mantener» y ha elevado hasta el 81% el porcentaje de familias que optan por el modelo D.
Por otro lado, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, se ha referido al documento interno de su departamento desvelado por EL CORREO que cifra en 288 millones el «sobrecoste» anual que implicaría la financiación completa de los centros concertados. A preguntas del parlamentario de PP+Cs José Manuel Gil, Bildarratz ha explicado que ese documento fue elaborado en abril de 2021, «con carácter previo a la planificación del nuevo periodo de concertación 2022-2023».
Asimismo, ha señalado que el informe es un documento «de hipótesis, meramente informativo y estimativo» y que se encuentra desde julio del año pasado en manos de las patronales de la escuela concertada. «Es un documento de trabajo», por lo que, ha defendido, las cifras que en él aparecen «no se pueden extrapolar», ya que los costes se basan en estimaciones de los cursos 2015-16 y 2017-18. Para Bildarratz, la futura ley de Educación «contempla más factores que los que aparecen en los informes».
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