El PSE descarta reformas legales sobre el euskera y el PNV prepara «un paso al frente» en solitario

El divorcio en esta materia es el previsible desenlace a más de un mes de conversaciones al más alto nivel. Se trataba de una operación auspiciada por el PNV en respuesta a la «ofensiva judicial» que denuncia ante las sucesivas sentencias que han tumbado requisitos lingüísticos en procesos selectivos de ayuntamientos y diputaciones. Los jeltzales, cada vez más presionados por EH Bildu y la comunidad euskaltzale, quieren impulsar un blindaje legal, pero su socio, el PSE-EE, es reacio a acometer modificaciones porque no comparte el diagnóstico y antepone los derechos laborales a los lingüísticos.

Las opciones de acuerdo se antojaban lejanas desde un comienzo y el desarrollo de las negociaciones así lo ha confirmado. Los socialistas han ido rechazando todas las propuestas que el PNV iba poniendo sobre la mesa; entre ellas, cambios en los índices de preceptividad que marcan el porcentaje de plazas del sector público en las que se debe exigir el euskera en función de la realidad sociolingüística. Y ante esta situación de bloqueo, el EBB decidió el martes dar un ultimátum a su socio al anunciar que esta semana haría un «último intento» antes de explorar otras fórmulas por su cuenta.

Este miércoles la presidenta del Araba buru batzar, Jone Berriozabal, todavía decía guardar «esperanzas de poder llegar a un acuerdo», pero al mismo tiempo avisaba de que el PNV hará «lo que tiene que hacer, que es dar un paso al frente». Unas declaraciones que abrieron definitivamente la puerta a lo que ya adelantó EL CORREO; esto es, que los jeltzales están dispuestos a presentar una iniciativa en solitario en el Parlamento vasco si no logran consensuarla antes con el PSE-EE. Es la primera vez que una dirigente jeltzale se sitúa públicamente en ese escenario, muestra evidente de que las expectativas son muy bajas.

Por si aún hubiera alguna expectativa, Eneko Andueza se ha encargado horas después de arrojar un jarro de agua fría. Si bien se ha mostrado dispuesto a «dialogar» y ha admitido que «lo deseable» sería un acuerdo entre los socios, al mismo tiempo ha dicho no ver «ninguna razón de peso para cambiar el marco regulatorio». En opinión del líder socialista, las sentencias «no van contra el euskera» y se ciñen a cuestiones laborales, no lingüísticas, por lo que «el panorama no ha cambiado tanto». El PSE-EE estima suficiente el consenso que ambas fuerzas lograron la pasada legislatura para aprobar el decreto de normalización en el sector público.

Andueza ha evitado emplear palabras gruesas contra la formación de Esteban, pero ha dicho que sería «perjudicial» que fuera «por libre» porque supondría «romper» los consensos. Sería, a su modo de ver, un ejercicio de «seguidismo» a EH Bildu, que el martes elevó la presión al registrar una propuesta de reforma de la Ley de Empleo Público para que la exigencia del euskera sea «generalizada» y sólo se pueda levantar en casos «justificados». «Muchas veces se dedican a criticar a otros partidos que utilizan el euskera como arma arrojadiza cuando ellos después hacen exactamente lo mismo», ha censurado el secretario general del PSE-EE.

La propuesta de la coalición soberanista tampoco entusiasma al PNV porque adherirse a ella supondría ir al rebufo, pero tampoco la entierra de entrada. Berriozabal, en una entrevista en Onda Vasca, se ha limitado a preguntarse si la iniciativa «ha sido contrastada con agentes sociales o sindicales» con los que la formación abertzale «tiene activa una entente en materia de función pública en diferentes sectores». Si se refería a ELA, la central liderada por Mitxel Lakuntza ha salido poco después a aplaudir la proposición de ley registrada por EH Bildu y ha hecho un llamamiento a todos los grupos del Parlamento a apoyarla. El sindicato nacionalista reclama «valentía» para «no reconocer un derecho de veto a los agentes euskaráfobos».