Los plazos y la división política ponen en riesgo la aprobación de la ley educativa esta legislatura
El proyecto afronta una larga tramitación en el Parlamento con varios parones por vacaciones, meses inhábiles y elecciones
La Ley vasca de Educación, cuyo proyecto fue aprobado la semana pasada, se enfrenta ahora a un doble desafío político en su larga tramitación parlamentaria. El primero, el de preservar una amplia mayoría favorable que blinde la norma de cara al futuro tras las «diferencias» aireadas por el PSE-EE y el desmarque de Elkarrekin Podemos-IU, ambos firmantes del acuerdo de bases del año pasado. Y el segundo, el de lograr su aprobación antes de que termine la actual legislatura. Queda un año para el final del mandato y los plazos aprietan, máxime en un periodo marcado por sucesivas citas electorales.
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La iniciativa aterrizó en el registro del Parlamento vasco el pasado martes por la mañana, apenas unos minutos después de que fuese aprobada en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Una rapidez que no suele ser habitual –los servicios jurídicos de Lakua suelen tardar incluso días en remitir el texto al Legislativo– y que denota la prisa por activar cuanto antes la tramitación. No en vano, hay que recordar que el proyecto ya ha vivido varios retrasos. Se habló primero de octubre de 2022, después se pasó a finales de ese mismo año y más tarde se señaló el primer trimestre de 2023. Ninguno de esos objetivos se cumplió.
Llegó a la Cámara minutos después de aprobarse en el Gobierno, síntoma de la prisa por iniciar el proceso
Ahora, una vez llegada a la Cámara, la iniciativa gubernamental encara un proceso que, en condiciones normales, suele tardar alrededor de un año. Por poner un ejemplo reciente, el hemiciclo ratificó el pasado jueves un proyecto de ley, el Estatuto de la Persona Consumidora, que había sido lanzado el 15 de marzo de 2022, trece meses antes. En todo ese tiempo, el consejero de turno acude a la comisión para presentar el texto, se convocan comparecencias de expertos, se da un plazo a los grupos para presentar enmiendas, se crea una ponencia para estudiarlas, se redacta el dictamen... Toda una elaboración a fuego lento.
En el caso de la Ley de Educación, el calendario juega en contra. «Es muy mala época», reconocen fuentes del propio Gobierno vasco. Y es que la tramitación se va a dar de bruces con varios parones en la actividad parlamentaria. La campaña para las municipales y forales detendrá la agenda durante dos semanas en mayo; después, julio, agosto y la primera quincena de septiembre son tradicionalmente inhábiles; a final de año, habrá otra cita electoral, las generales; y luego vendrán las Navidades y un mes de enero también sin plenos ni comisiones. Traspasados esos obstáculos, el fin de la legislatura estará ya a la vuelta de la esquina.
Comicios vascos en 2024
La fecha de los comicios vascos de 2024 todavía es una incógnita. Si se respeta la de hace cuatro años –algo poco probable porque la elección del 12 de julio, en plenas vacaciones de verano, fue una consecuencia directa de la pandemia–, el Parlamento se disolvería a mediados de mayo. Una alternativa más próxima pasa por celebrar un 'superdomingo' electoral y juntarlas con las europeas, que se celebrarán el 26 de mayo. En tal caso, el Legislativo de Vitoria cesaría su actividad incluso antes de los 54 días de margen preceptivos, ya que estarían las vacaciones de Semana Santa de por medio. En cualquiera de los casos, la disolución de la Cámara hará que decaigan todas las iniciativas en ciernes y no podrán volver a ser activadas hasta el inicio de la siguiente legislatura, con una nueva composición del hemiciclo.
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La Mesa, controlada por PNV y PSE, puede activar meses como julio y enero para acelerar los ritmos
La iniciativa estrella del tercer mandato de Iñigo Urkullu afronta así una tramitación a contrarreloj, pero en su equipo confían en salvar todos los obstáculos. «Hay tiempo suficiente y, aunque haya convocatorias electorales en medio, el Parlamento no está de elecciones», afirmaba el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, este domingo en una entrevista en EL CORREO. Por lo pronto, el Ejecutivo autonómico cuenta con una bala en la recámara. Tal y como se ha hecho en varias ocasiones para acelerar el ritmo, la Mesa de la Cámara –controlada por PNV y PSE-EE– podría activar meses inhábiles como julio o enero para que corran los plazos sin necesidad de que se celebren plenos u otras comisiones.
Tres semanas sin plenos en la Cámara por la campaña del 28-M
Las elecciones municipales y forales serán el primer obstáculo que deberá afrontar el proyecto de ley de Educación en su largo proceso de tramitación. El Parlamento vasco detendrá su actividad el jueves de la semana que viene, el 11 de mayo, unas horas antes de que arranque oficialmente la campaña y los partidos se pongan a pedir el voto. La agenda ordinaria de la Cámara autonómica no se recuperará hasta que se haya traspasado la cita con las urnas del 28-M. En concreto, el primer pleno se celebrará el 1 de junio. Entre medias, tres semanas de parón.
La convocatoria electoral supondrá un frenazo en todos los ámbitos. No se convocarán plenos ni comisiones en todo ese tiempo. Esto afectará a una decena de proyectos de ley que están en pleno proceso de tramitación. No sólo la de Educación, sino también las de Memoria Histórica, Movilidad Sostenible, Salud Pública y Empleo, entre otras. Igualmente está en ciernes una docena de proposiciones de ley registradas por los grupos parlamentarios, tanto por los del Gobierno como por los de la oposición, e incluso juntos.
El parón también afectará a otra de las labores principales del Legislativo: el control del Ejecutivo, que se limitará a las iniciativas por escrito, cuyos plazos son mucho más largos. Este viernes, 5 de mayo, se celebrará el último pleno con preguntas e interpelaciones al lehendakari y los consejeros. Ya no habrá ninguna otra sesión de control hasta el 2 de junio y, después, sólo habrá otras dos –los días 16 y 30– antes de las vacaciones de verano. Este esquema se repetirá a finales de año, cuando el Parlamento parará por la campaña para las elecciones generales; previsiblemente, en diciembre.
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