Las claves de la futura ley educativa

No se mencionan los actuales modelos A, B y D y se aboga por un sistema «plurilingüe» con el euskera como «eje». No obstante, el anteproyecto de ley dice que los centros deben «priorizar» el euskera, no solo como lengua de aprendizaje, sino también en las actividades escolares, las relaciones profesionales y las relaciones entre el profesorado y el alumnado. Los decretos curriculares, por su parte, sí hacen referencia al «uso del euskera como lengua vehicular». Los servicios jurídicos del Gobierno vasco advierten de que el Tribunal Constitucional ha recordado en varias ocasiones que las lenguas cooficiales deben «sujetarse a un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas».

La ley aboga por «una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, a fin de evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza». En ese sentido, afirma que «todos los centros que presten el Servicio Público Vasco de Educación» (tanto públicos como, aquí la novedad, concertados) «deberán reservar las plazas que determine el Departamento». Este mecanismo ya se ha implantado por primera vez en la matrícula para el aula de 2 años del curso que viene y ha provocado tensiones en la comunidad educativa.

Al igual que se hizo en Cataluña, territorio de donde se han importado las medidas para combatir la segregación escolar, la futura norma afirma que «el Departamento de Educación del Gobierno vasco impulsará un proceso de diálogo activo con la comunidad educativa, con el objetivo de lograr un Pacto contra la Segregación Escolar».

El Gobierno vasco, mediante decreto, «podrá ampliar la gratuidad desde los dos a los seis años». También se dice que fomentará el Consorcio Haurreskolak «como servicio público de oferta universal, de calidad y gratuita», algo que ya se ha logrado.

El principal órgano asesor en materia educativa verá su composición reducida en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.

Se crean el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas -que velará por el uso del euskera- y el Instituto de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación -un órgano de carácter técnico-. Se crea el Consejo de la Escuela Pública Vasca, que ejercerá de «interlocutor» de la escuela pública. También habrá un Consejo Asesor sobre condiciones laborales en el que estarán miembros del Departamento, de las patronales de la escuela concertada y los sindicatos con una representación del 10% o superior.

Instrumento jurídico y económico-financiero suscrito entre los centros y el Departamento para definir condiciones de acceso al programa, metas y objetivos a cumplir, así como el presupuesto adjudicado al centro. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de los colegios con los criterios exigidos para formar parte del Servicio Público Vasco de Educación.

Los centros solamente podrán ofrecer «el mínimo establecido por la ley orgánica» -aunque los servicios jurídicos de Lakua apuntan que la Lomloe «no contempla ningún mínimo»- y «se garantizará que no haya adoctrinamiento».

Los colegios concertados «no pueden cobrar cuota alguna por la impartición» de enseñanzas obligatorias. Para ello, se someterán a auditorías periódicas. La Administración «aportará los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas».

Está regulada en la Disposición Adicional segunda. Se indica que el equipo docente podrá proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales, en su caso, la incorporación del alumnado a un ciclo formativo de grado básico. Deberá tener en cuenta «la evolución de la digitalización y de la revolución tecnológica» y «atenderá a que el alumnado migrante obtenga un perfil profesional que le permita condiciones objetivas de empleabilidad, contribuyendo así a su inserción en la sociedad vasca y al desarrollo de su personalidad».