Piden que un monumento de San Sebastián incluya a los fusilados por los republicanos

No es un caso aislado lo que sucede con este monumento guipuzcoano. Entre la literalidad de la Ley de Memoria Democrática y la realidad actual de los tributos a las víctimas hay un abismo. Los firmantes recalcan que «el cumplimiento de la ley obliga a incluir a todas las víctimas mortales de la Guerra Civil en San Sebastián enterradas en el verano de 1936 o retirar el referido monumento que obviamente resulta parcial y ajeno a la reconciliación». En el texto remitido al jeltzale Eneko Goia, fechado el 15 de julio, se solicita a la Corporación donostiarra que «tome las medidas pertinentes» para cumplir la ley, que «no diferencia entre las víctimas de los dos bandos». Incluyen como anexo el listado con los 250 nombres de personas enterradas entre el 19 de julio y el 24 de septiembre de 1936, «según certificó el encargado responsable del cementerio de Polloe en 1936, señor Aldaondo».

Los autores citan la propia ley, que «tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos». Y todo ello con un fin, el de «fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales». El texto especifica incluso que «se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura». Es el caso de muchos de los que murieron entre el 18 de julio de 1936 y la entrada en San Sebastián de las tropas de los sublevados.

Uno de los firmantes, Guillermo Gortázar, es el autor de un ensayo titulado 'Un veraneo de muerte', donde narra algunos de los fusilamientos que se produjeron en San Sebastián. Historias como la de Ramón Sáenz Pinilla, que aparece en el listado. Era un abogado de Murcia que estaba de vacaciones en San Sebastián, donde pasaba sus días pescando, y alguien le acusó de ser «un espía que hacía señales a los barcos para que cañonearan el hotel María Cristina», tal y como explica en su obra. Otro hombre fue asesinado bajo la acusación de ser amigo de Calvo Sotelo, que murió tiroteado el 13 de julio de 1936, un homicidio que el bando franquista utilizó para justificar el levantamiento militar.

La petición lleva 25 firmas de apoyo: Guillermo Cortázar, Iñaki Anasagasti, Ramón Rabanera, Iñaki Ezkerra, Fernando Savater, Jon Juaristi, Ángel García Ronda, Martín Gabarain, Ignacio Suárez-Zuloaga, Begoña Ameztoy, Pedro Chacón, Miguel Ángel Idígoras, Pedro Barruso, Ana García Urcola, Alvaro cortina Urdampilleta, Daniel Múgica, Román Cendoya, Joaquín Torrente, Federico Verástegui, Dora Múgica Brunet, Juan José Echevarría Pérez-Agua, Álvaro Bermejo, Carlos Martínez Gorriarán, Ernesto Lejeune y Antonio Orbe.

Sin duda, llama la atención entre ellos el nombre del que fuera parlamentario vasco, senador y portavoz en el Congreso del PNV, Iñaki Anasagasti, que de cualquier modo siempre ha estado implicado en la recuperación de la memoria histórica.