La oposición vuelve a acorralar a Urkullu por «cubrir» la corrupción

Más de un mes después del fallo del Tribunal Supremo, la oposición se resiste a dejar pasar un caso por el que cinco exdirigentes del PNV han recibido penas de cárcel. Un escándalo que, en cambio, no parece causar desgaste alguno a los jeltzales a tenor de unas encuestas que apuntalan sus opciones para consolidar su hegemonía en las elecciones municipales y forales del 28 de mayo. Tampoco le pasa factura al propio Urkullu, que, según el Sociómetro publicado este mismo viernes, recibe el aprobado por parte de los votantes de todos los partidos (desde el 51% de los de Vox hasta el 93% de los del propio PNV) y obtiene una nota media de 5,7.

Aun así, sus rivales no renuncian a la carta de la corrupción para poner en aprietos al mandatario nacionalista. Ya no sólo ponen en duda su esfuerzo por luchar contra conductas irregulares, sino también su reacción una vez conocida la sentencia definitiva del 'caso De Miguel'. No en vano, Urkullu ha vuelto a escudarse este viernes en que la Audiencia Provincial de Álava todavía no ha comunicado la ejecución del fallo, por lo que la sociedad Hazi, dependiente del Gobierno vasco, sigue sin despedir al principal condenado por la trama. El lehendakari ha dicho estar «preparado» para tomar la decisión e incluso se ha mostrado «preocupado» por la lentitud.

Unas explicaciones que no han convencido a la oposición, que una y otra vez ha esgrimido el informe, revelado por EL CORREO, en el que el gerente del organismo público abría la puerta al cese del trabajador sin sentencia firme, incluso antes de que el Supremo hubiera avanzado la decisión definitiva el pasado 10 de enero. Advertía, eso sí, de la posibilidad de un recurso que acabara en un despido declarado improcedente. «Lo han puesto en una balanza y han decidido priorizar los derechos de una persona condenada sobre derechos de los administrados como el buen gobierno», le ha espetado el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona.

Tampoco los grupos de la derecha dan validez a la postura de Urkullu. «Ni contundencia, ni rapidez, ni claridad, sino plena cobertura a sus corruptos», ha sintetizado Carlos Iturgaiz (PP+Cs). El líder de los populares vascos tachaba de «recochineo» que un condenado por corrupción continúe trabajando para una sociedad pública en la que en los últimos años, después de la sentencia en primera instancia de la Audiencia de Álava, ha sido promocionado, con el consiguiente incremento salarial, hasta el punto de representar al Gobierno vasco en foros oficiales.

En otra de las preguntas, en este caso a instancias de Vox, el lehendakari ha asegurado que Euskadi dispone de los instrumentos necesarios para hacer frente a la corrupción, «para prevenirla antes de que ocurra, para investigarla cuando se esté produciendo y para combatirla si se ha consumado». En este sentido, ha recordado la existencia del Código Ético que firman los altos cargos de Lakua y cuya vigilancia está encomendada a una Comisión presidida por su propia consejera de Gobernanza Pública. En cambio, para Amaia Martínez, falta una herramienta primordial contra conductas irregulares, «la voluntad política».