Los municipios reprochan al Gobierno que quiera imponerles proyectos medioambientales privados

El movimiento estratégico de Lakua afecta ya a tres leyes. El punto de partida fue la nueva Ley de Administración Ambiental aprobada por el Parlamento a finales de 2021 con el voto en contra de toda la oposición. La clave es una de sus disposiciones adicionales, en la que se modifica otra ley, la de Ordenación Territorial, para instaurar en Euskadi la figura de los proyectos de «interés público superior».

La intención es blindar los planes del Gobierno y legitimar la modificación unilateral del planeamiento municipal por razones de fuerza mayor. ¿Para qué? Al tiempo que la transición energética se ha convertido en un objetivo inaplazable e incuestionable, el número de ayuntamientos que rechazan acoger actividades de riesgo, por la eliminación de residuos o por su impacto ambiental, «está creciendo exponencialmente», justifican fuentes del Ejecutivo.

Tras poner la primera piedra del camino ahora llega la segunda. El Gobierno trabaja desde hace unos meses en la redacción del anteproyecto de la nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que pretende aprobar y remitir al Legislativo antes de que acabe el año. Y el proceso que se está siguiendo es calcado al anterior: el borrador inicial incluye una disposición adicional que plantea modificar otra vez la Ley de Ordenación Territorial para ampliar la posibilidad de presentar proyectos de interés público superior al sector privado. Si el Gobierno considera los planes oportunos, los ayuntamientos tampoco podrán oponerse.

El nuevo escenario ha llevado a los consistorios a poner de nuevo el grito en el cielo. Consideran que la autonomía municipal vuelve a socavarse. «Se nos debe tener muy en cuenta porque los competentes para hablar de su planeamiento somos los ayuntamientos», ha dicho el alcalde de Vitoria y presidente de Eudel. Gorka Urtaran ya mostró su discrepancia con el Gobierno vasco, que lidera su partido, cuando negó a la consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente las licencias para buscar gas en el subsuelo de la capital alavesa.

La Asociación de Municipios ha presentado una batería de alegaciones a la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en las que cuestiona la constitucionalidad de la nueva norma y critican su «imposición» a los ayuntamientos y la «desproporción». Las correcciones fueron aprobadas por los representantes de PNV y PSE-EE en la junta directiva de Eudel. EH Bildu se abstuvo porque existía un borrador previo de enmiendas «más contundente». Su parlamentario Mikel Otero pregunta hoy a la consejera Arantxa Tapia sobre el frente abierto con los consistorios en la sesión de control.

Fuentes del Gobierno dan por hecho que la tramitación de la ley seguirá adelante tal y como está pese a las quejas de Eudel, consagrando el interés público superior. Una figura jurídica, matizan, que ya se utiliza en otros territorios, como Navarra, y que busca responder a «necesidades inmediatas». Lo dice el Departamento de Tapia, pero también el propio lehendakari al más alto nivel.

En su intervención en la Conferencia de Presidentes del pasado domingo, Urkullu llamó a Pedro Sánchez y a sus homólogos autonómicos a «reflexionar» en busca de soluciones para la dependencia energética que ha visibilizado la invasión rusa de Ucrania. El líder vasco apostó por «declarar las instalaciones de energía renovable como bienes de interés público para que, bajo estricto cumplimiento de la normativa ambiental, puedan ser desarrolladas más rápidamente».

No fue casual. Lo ratificó el miércoles en un encuentro con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el que ambos reclamaron nuevos «marcos que permitan inversiones para la autonomía energética».