El autogol del Senado con las mascarillas o cómo crear un problema de la nada

Hasta tal punto que este miércoles mismo el portavoz de Más País, Iñigo Errejón, enfadado por una nueva norma que ha puesto de uñas a las comunidades autónomas, sobre todo las más turísticas, tuiteaba: «La obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos con suficiente distancia de seguridad (playa y montaña) solo produce cansancio, desconfianza y además es inútil. Menos ocurrencias y más protocolos de eficacia y vacunas». El desahogo no tendría nada de raro si no fuera porque el único senador de Más Madrid, el grupo en la Cámara alta del exdirigente de Podemos, votó a favor de la modificación legal.

Lo mismo hicieron los diez senadores del PNV, y el Gobierno vasco, en contra también de un endurecimiento de las actuales regulaciones marcadas por Euskadi (que permite quitarse la mascarilla en la toalla si hay distancia o para tomar un baño), prefirió este miércoles guardar silencio ante la magnitud del desaguisado. «Nos hemos enterado todos por el BOE», admitían, tras insistir en que en ninguna de las reuniones del Consejo Interterritorial de Sanidad se había abordado la necesidad de eliminar las excepciones que regían hasta ahora, un cambio que, lejos de ser de matiz, afecta de lleno a la vida diaria de los ciudadanos.

Pero no ha sido Ajuria Enea el único lugar donde ha cundido el desconcierto. La consejera de Salud de Baleares, ya antes de que la ministra Carolina Darias anunciase la intención de revisar la semana que viene las posibles excepciones, se apresuró a matizar que en el archipiélago no estará vigente la norma. «Los servicios jurídicos entienden que nuestra normativa no se ve superada por la estatal y se mantienen en vigor nuestras medidas», apostilló la socialista Patricia Gómez. Otra de las comunidades que se llevó las manos a la cabeza fue Canarias, cuyo presidente pidió que se aplique «el sentido común». «Hay que buscar una solución», advirtió Ángel Víctor Torres, también socialista. Tampoco tendría nada de extraordinario que dos comunidades insulares que viven de sus costas se pusieran en pie de guerra si no fuera porque fue el PSOE quien introdujo la enmienda de marras a través del Senado -precisamente, la Cámara territorial- a la ley de prevención y contención de la crisis sanitaria.

Votaron a favor, además de PNV y Más Madrid, EH Bildu, ERC, los senadores del grupo Izquierda Confederal (donde están Podemos y sus confluencias, con la excepción de Geroa Bai, que se abstuvo), el representante del Partido Regionalista de Cantabria y los de Agrupación Socialista Gomera y el Partido Aragonés. En contra se posicionaron PP, Vox y UPN y se abstuvieron Ciudadanos, Junts per Catalunya, Teruel Existe y Coalición Canaria.

En definitiva, se reprodujo con bastante fidelidad la mayoría de la investidura y aquí paz y después gloria. Nadie se percató de lo que realmente estaba votando hasta que la norma se publicó y quienes sí se la leyeron empezaron a sumar dos más dos y a redactar titulares.

Pese a que el decreto original se decidió tramitar como proyecto de ley precisamente para que los grupos pudieran estudiarlo y enmendarlo, tuvieron que pasar quince días para que quedaran claras las implicaciones reales de lo que sus señorías estaban legislando. Para que se dieran cuenta de que habían creado un problema donde no lo había, que se habían metido un autogol.

Ahora es cuando han llegado las prisas y los intentos de rectificar, aunque habrá que ver cómo se las arregla la mesa técnica anunciada este miércoles por Darias para modificar una ley que, una vez publicada, resulta de obligado cumplimiento. El Consejo Interterritorial se ha dado de tiempo hasta el miércoles para tratar de deshacer el entuerto. «Hay un margen para encontrar un espacio en el que aplicar esta norma de manera armonizada y contextualizada porque desde que se aprobó el decreto ley hasta la aprobación parlamentaria de la ley que se publicó este miércoles ha transcurrido mucho tiempo», subrayó Darias.

En realidad, desde que el Senado aprobó el retoque, el 9 de marzo, han pasado tres semanas. Por lo que no había una necesidad de legislar «sobre una realidad ya superada», como apuntó la portavoz, María Jesús Montero. Los socialistas aseguran que siguieron los criterios de los expertos sobre la propagación del virus por aerosoles. Darias precisó que se trataba de un proyecto de ley «muy técnico». Que sufrirán los ciudadanos si no se apaña alguna solución de urgencia.