«Tenemos que llamar a la calma y entre todos rebajar el nivel de enfrentamiento y crispación»

Rodríguez, que ejerce como juez en Bilbao desde hace 25 años, pide «responsabilidad» y denuncia que el sector conservador de la magistratura ha metido «al Poder Judicial de lleno en la batalla partidista». De hecho, su asociación se desmarcó ayer de las concentraciones que se están realizando ante las sedes judiciales al considerar que, «en el actual contexto, pueden afectar a la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial». Rodríguez, además, no comparte el pronunciamiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que el viernes denunció, con el voto en contra de Iñaki Subijana, que el acuerdo entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont abre la puerta a la «judicialización de la política».

- ¿Por qué no comparte la decisión de sus compañeros en el TSJPV?

- Lo que estoy es de acuerdo con la postura del presidente del Tribunal Superior (Subijana): la Sala carece de competencias para hacer ese pronunciamiento.

- Pero en un primer momento ustedes también expresaron su malestar con esa alusión al 'lawfare' del acuerdo entre el PSOE y Junts.

- Sí. Nos preocupaba que tal y como estaba redactado se diese a entender que se podían constituir comisiones parlamentarias de investigación para indagar sobre el trabajo judicial en los asuntos que tienen que ver con el 'procés'. Pero ahora estamos más aliviados porque después llegó otra nota aclaratoria del PSOE que explicaba que esas referencias que nos parecían sospechosas no se van a concretar.

- ¿Por eso se desvinculan de las concentraciones que los otros colectivos judiciales siguen organizando en protesta por la ley de amnistía?

- Sí. Es que hay un grupo de integrantes de la judicatura que no están comprendiendo qué es lo que sucede. Este tipo de concentraciones no tienen sentido porque llegamos a una situación inadmisible, que es que la judicatura toma partido.

- ¿Qué les ha pareció la proposición final sobre la ley de amnistía?

- Habrá que ver cómo evoluciona. Pero en principio creemos que no hay ninguna referencia a las hipótesis que nos temíamos.

- ¿Pero no abre la puerta al cuestionamiento de las decisiones judiciales? ¿A ese 'lawfare'?

- Confiamos en que lo que ha explicado el PSOE sea una realidad, que quede bien claro que hay separación de poderes y que el Legislativo no va a entrar en el trabajo del Judicial. Pero eso tiene otra cara que también hay que cumplir.

- ¿A qué se refiere?

- A que el Poder Judicial tampoco puede entrar en la actividad del Legislativo.

- ¿Y está pasando?

- Es bastante sorprendente que unos vocales del Consejo General del Poder Judicial (en alusión a la mayoría conservadora), sin tener delante el texto legal, descalificasen su contenido y que se hayan producido declaraciones que han metido al Poder Judicial de lleno en la batalla partidista. Han equivocado cuál es su función, que es precisamente la contraria, defender la independencia judicial y la imagen de imparcialidad.

- Pero esos jueces representan el sentir de buena parte de la judicatura. La APM es la asociación mayoritaria.

- Sí, pero han adoptado una decisión que transmite erróneamente la imagen de que el Poder Judicial toma partido; y eso es inadmisible y una irresponsabilidad. Y es una función que no les compete. El Consejo no tiene la facultad de informar de proposiciones de ley que plantean los partidos.

- ¿Quién se inmiscuye más? ¿El Poder Legislativo en el Judicial o al revés?

- Lo que creo es que hay un exceso en las actitudes que están tomando unos y otros. Un grupo de vocales del Poder Judicial no puede seguir actuando como lo está haciendo, participando en el debate partidista y menos aún tomando partido como han hecho. Y el Poder Legislativo no puede intervenir en el trabajo del Judicial. Lo que tenemos que llamar es a la calma y al sosiego. Entre todos debemos rebajar el nivel de enfrentamiento y crispación y reconocer que cada uno tiene su papel.

- ¿Cómo se puede sentir un ciudadano común cuando ve que un político amnistía a otros políticos por un interés político?

- El ejercicio del derecho de gracia en absoluto supone una afectación del Poder Judicial o una crítica a lo que ha sucedido. Cuando se indulta a alguien no significa que el procedimiento judicial haya sido incorrecto o que no se hayan respetado las garantías. Y si hay alguien que no comparte lo que puede decir el texto de la amnistía, puede recurrir al Constitucional, que será quien tenga la última palabra.

- ¿Pero no se está dejando a los magistrados del Tribunal Supremo a los pies de los caballos?

- En absoluto, vuelvo a repetirlo. El derecho de gracia no tiene nada que ver con el trabajo judicial. Un indulto no significa despreciar el trabajo judicial, y que el Parlamento decida que determinados hechos no van a ser objeto de reproche penal tampoco supone un menosprecio.

- ¿Se está encaminando España hacia una «dictadura» o se erosiona el Estado de Derecho?

- Son declaraciones apocalípticas sin fundamento. España es un Estado de Derecho sólido. Se está intentando crear un ambiente de crisis que no se corresponde con la realidad. Lo que hace falta es que haya un poco más de sosiego y responsabilidad institucional por parte de todos.

- ¿Confía que las cosas se calmen?

- Esperemos que sí, pero no sé lo que va a pasar. Deseamos que haya un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, que se garantice que las instituciones del Estado dejen de ser zarandeadas como lo están siendo y que haya un gran acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una de las primera tareas del futuro Gobierno será superar esta situación y, en el caso de los jueces, poner en marcha un plan de choque que permita un incremento de la inversión y más jueces.