La jueza del fallido coche eléctrico Hiriko acusa a sus promotores de tres delitos

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Eva Román Gobernado, ha dictado auto de procesamiento contra cuatro de los impulsores del fallido coche eléctrico vasco Hiriko. Se trata de Iñigo Antia, exconcejal del PNV en Vitoria y exburukide alavés con Iñaki Generabarrena y Alfredo de Miguel, que actualmente está siendo juzgado como presunto cabecilla de la mayor trama de corrupción destapada hasta ahora en Euskadi. Del empresario y exconsejero de Kutxabank por Gipuzkoa por designación del PNV, Jesús Echave. Y de dos conocidos rostros de la sociedad alavesa, el joyero vitoriano José Luis Bengochea y el promotor inmobiliario Fernando Achaerandio.

Tres años después de que, a raíz de las informaciones publicadas por este periódico, el fiscal jefe de Álava, Iosu Izaguirre, llegara a la conclusión de que los impulsores del Hiriko pusieron en marcha el proyecto para «expoliar» subvenciones públicas, la jueza ha entendido que, en efecto, existen razones para llevarles a juicio. Ahora deberá ser la Audiencia de Álava la que decida si se abre vista oral contra ellos o si por el contrario da carpetazo al asunto.

La jueza Román acusa a los investigados de la comisión de sendos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y, sorpresivamente, de fraude fiscal. El Código Penal establece penas que oscilan entre los 3 y los 12 años de cárcel para estos tipos delictivos. La instructora no ha querido hacer público el auto. Ello impide saber en función de qué actuaciones concretas considera que los promotores cometieron los delitos que les atribuye.

El Hiriko fue uno de los tres ambiciosos proyectos automovilísticos que impulsaron en su día el exlehendakari Ibarretxe y el PNV alavés. Además del coche eléctrico, el plan incluía el proyecto Epsilon, que buscaba que Euskadi contara con un vehículo de fabricación íntegramente vasca en el gran circo de la Fórmula 1. Y la construcción de un circuito de carreras en los terrenos que sigue ocupando la base militar de Araca, en el extrarradio de Vitoria, cuya clausura reivindica desde hace décadas el nacionalismo vasco.

La filosofía de los planes era similar. Los proyectos se impulsaban con personas próximas al PNV y se financiaban con mínimas aportaciones privadas e ingentes cantidades de dinero público. El grueso de los recursos eran parte de la contraprestación que logró el PNV a cambio de apoyar al PSOE en el Congreso y evitar así la caída del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En total, Epsilon se tragó más de 50 millones de euros de subvenciones e Hiriko, unos 18,9.

Este es el segundo procedimiento judicial al que deben hacer frente los promotores de Afypaida, la sociedad que se creó para alumbrar el coche eléctrico. En diciembre pasado, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria les condenó al pago de 530.000 euros de multa y les inhabilitó para la gestión de bienes ajenos durante dos años por la quiebra culposa de la compañía.

Fue una sentencia benévola. La magistrada María Teresa Trinidad Santos desestimó la mayor parte de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado, que reclamaban el reintegro íntegro de los 18,9 millones de ayudas públicas que recibió el fallido proyecto de coche eléctrico -que llegó a presentarse en Bruselas con nutrida presencia de políticos, aunque el vehículo no funcionó- y diez años de inhabilitación.

La jueza de lo Mercantil no 'compró' la teoría de la Fiscalía sobre la existencia de una trama societaria creada única y exclusivamente para desviar dinero público. Tampoco atendió pruebas en apariencia relevantes, confirmadas por antiguos trabajadores, como los millonarios pagos que se realizaron por trabajos que nunca se entregaron. La condena llegó porque Afypaida adquirió a Epsilon un prototipo inservible para el proyecto Hiriko, que agravó la insolvencia de la firma y que terminó en la colección privada de Echave, uno de los acusados.