El Gobierno eleva la presión y urge a las eléctricas a dar sus datos sobre el apagón

Sin embargo, lejos de esa calma a la que apelaba Corredor, que se resiste a asumir responsabilidades por el colapso, el Ejecutivo eleva la presión para exigir a los «operadores privados», que Pedro Sánchez colocó este martes en el ojo del huracán, que faciliten todos los datos de los que dispongan -no ya información, sino la 'caja negra' del apagón- para esclarecer cuanto antes lo que sucedió en los cinco fatídicos segundos en que el sistema eléctrico español se fundió a negro el lunes. El Ejecutivo contempla incluso que el CNI puede investigar sus sistemas internos para dilucidar las causas. Además, la comisión de investigación creada por el Ejecutivo para este fin se desplazará físicamente a las instalaciones eléctricas para hacer las comprobaciones 'in situ', según indicó ayer la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Aagesen, que ayer presidió la primera reunión del comité de análisis del apagón, insistió en que el Gobierno llevará a cabo una investigación «independiente» para llegar al fondo del asunto y tomar las medidas pertinentes. En Moncloa argumentan que debe hacerlo así no porque tengan razones para dudar de nadie sino porque las compañías tienen «sus propios intereses» y la obligación del Ejecutivo es «velar por el interés general».

El martes, tras ponerlos en la diana, Sánchez citó de urgencia en la Moncloa a Corredor y los responsables de las principales compañías energéticas, Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy, y les instó a poner a disposición del Ministerio todos los datos en su poder («milisegundo a milisegundo») que puedan ayudar a dilucidar lo ocurrido antes de las seis de la tarde del día siguiente. La exigencia iba también en principio para Red Eléctrica. Sin embargo, ayer su presidenta planteó el asunto de otra manera, como si su posición fuera la del propio Gobierno y la demanda de colaboración también hubiera sido suya.

De momento, el Ejecutivo no se plantea su relevo. No en lo inmediato. Aagesen insistió en que, en tanto no se esclarezca lo ocurrido, cuenta «con todos y cada uno de los operadores» para que contribuyan a unas pesquisas que, en todo caso, tendrán igualmente un cauce judicial, en la Audiencia Nacional. La vicepresidenta tercera tildó además de «extraordinario» el papel de Corredor y su equipo técnico, pero circunscribió el elogio solo a su labor para el restablecimiento del suministro. Fuentes de Moncloa aseguran que no se pretendía lanzar el mensaje de que su cargo está en el aire, pero lo cierto es que las muestras de respaldo fueron más que tibias.

Corredor, elegida para el cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2020 en sustitución del también exministro Jordi Sevilla, se encuentra en el ojo del huracán. Buena parte de las miradas se dirigieron a ella cuando el martes el jefe del Ejecutivo advirtió de que exigirá «todas las responsabilidades» por lo sucedido a los operadores privados, entre los que, llamativamente, incluyó la empresa de la que el Estado es, a través de la SEPI, accionista mayoritario, con un 20% de las participaciones, a gran distancia del segundo, el dueño de Inditex, Amancio Ortega, que posee un 5% de los títulos.

Sánchez hizo poco por disimular en esa misma comparecencia, el día siguiente al apagón, su malestar con Red Eléctrica, a cuya sede se había desplazado el lunes con varios ministros en dos ocasiones. En teoría, existía una orden de colaboración y comunicación fluida, pero para el Ejecutivo fue una sorpresa desagradable que el director de operaciones de la compañía, Eduardo Prieto, descartara tajante un ciberataque en sus instalaciones y que, de una u otra manera, diera carta de naturaleza a las teorías que apuntan a que el origen del problema estuvo en la enorme fluctuación de las renovables y su peso en el mix energético.

Los de Prieto fueron dos mensajes dañinos para el relato gubernamental en materia de seguridad y defensa -justo cuando trata de hacer digerible para su socios de la izquierda un incremento del gasto en esas partidas de hasta 10.471 millones de euros- y en lo que se refiere a su modelo de transición ecológica. Y Corredor se afanó ayer en corregirlos en sendas entrevistas en TVE y la Ser, en las que, además, rechazó dimitir. «Sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura y lo ha estado», argumentó.

La exministra de Vivienda fue tan contundente como la víspera el propio jefe del Ejecutivo a la hora de rechazar el papel de las renovables en lo ocurrido, a pesar de que es hacia donde apuntan la mayor parte de los expertos en sus análisis. En febrero, Redeia, matriz de Red Eléctrica, advirtió en su informe anual para los inversores del riesgo de que la alta penetración de la generación verde llevara a «desconexiones» que podrían ser «severas» si no se aportaran «las capacidades técnicas necesarias para un adecuado funcionamiento ante sus perturbaciones», tarea pendiente.

Corredor replicó que ha habido «infinidad de días» en los que se ha operado con una penetración de renovables mayor que la de lunes, en la que el mix contenía un 54% de solar y un 10% eólica, sin que se detectara problema alguno. También se resistió a descartar, en un discurso ahora sí acoplado con el del Ejecutivo, un ciberataque fuera de Red Eléctrica, en algún otro operador.