El estado de alarma ofrece un resquicio legal para impulsar el aplazamiento del 5-A

De haber algún paraguas legal para poder modificar la fecha de las elecciones vascas se llama estado de alarma y ayer, Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros activará hoy el botón nuclear de la excepcionalidad que puede retrasar 'sine die' los comicios previstos para el 5 de abril. Pese a todo, en lo legal, la situación sigue siendo muy compleja por el vacío que dificulta la toma de decisiones 'ad hoc'. Ni los propios expertos se ponen de acuerdo sobre cómo actuar en una situación tan excepcional. La lógica sugiere un aplazamiento, pero la política, sin embargo, está muy dividida. Ayer, el lehendakari apostó por ganar tiempo y no pronunciarse de forma categórica al respecto a la espera de la reunión que el lunes celebrará con los presidentes del resto de formaciones vascas.

Lo «importante», dijo Iñigo Urkullu, es que los partidos políticos tengan un «criterio y sea lo más consensuado posible» respecto a las medidas a adoptar en relación a la jornada electoral del 5 de abril. En este sentido, incidió en la necesidad de que la decisión que finalmente se adopte se haga «de común acuerdo» con las instituciones que sea vean «afectadas». Si no es así, advierten fuentes conocedoras de la situación, podría darse un recurso judicial de impredecibles consecuencias por parte de algún actor que no estuviera de acuerdo con esta decisión.

Urkullu realizó estas manifestaciones tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que se analizó la situación de la pandemia por coronavirus. En una intervención sin presencia de periodistas, que tuvieron que plantear sus preguntas por vía telemática, reconoció que en el seno del Gobierno y desde los servicios jurídicos se está «analizando legal y jurídicamente todas las circunstancias que afecten a la campaña y jornada electoral».

Tras recordar que existe «una laguna en el ámbito del Estado español» para poder impulsar un eventual aplazamiento, explicó que «estamos con la pretensión de escuchar, analizar las medidas si está en nuestras manos». «En todo caso y si me corresponde -apostilló-, lo pretendo hacer de común acuerdo y coordinación con las instituciones afectadas, las juntas electorales o las instituciones que pudieran tener que ver» porque es «importante», subrayó, que los partidos políticos «tengan un criterio y sea lo más consensuado posible».

Quizá el único común denominador de gran parte de los juristas es recurrir al estado de alarma como resquicio legal más viable para poder aplazar los comicios. Se trata de una decisión para nada sencilla que debería tomar el Gobierno central. El jueves, el presidente, Pedro Sánchez, se pronunció por primera vez al respecto y dejó la puerta abierta a su aprobación. En realidad, contestó a la gallega, cubriéndose las espaldas sabedor de que en este escenario de crisis hablar de certezas es hacerlo de un imposible. «La situación actual es dinámica, no es estática. Este Gobierno tomará las decisiones que hagan falta en coordinación con las comunidades autónomas. Pero en la actualidad, el nivel es suficiente», zanjó tras la celebración del Consejo de Ministros. Ayer, todo cambió de un plumazo.

El tiempo apremia. A las doce de la noche del jueves que viene comienza la campaña electoral y la toma de decisiones no puede demorarse en exceso. Todo lo contrario. Quizá hoy, durante la videoconferencia que Sánchez mantendrá con los presidentes autonómicos, puede encontrarse algo de luz al estar presentes tanto Urkullu como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

¿Se pueden celebrar unas elecciones en un escenario de alerta sanitaria, restricciones de movimientos y riesgo para la salud de miles de potenciales votantes? La pregunta, pese a su dramatismo, no tiene una sencilla respuesta legal. El miércoles por la tarde se reunió en el Parlamento vasco la Junta Electoral autonómica presidida por Juan Luis Ibarra para comenzar a abordar esta situación a raíz de las consultadas realizadas por el propio Gobierno vasco. Ibarra advirtió de que la Junta Electoral no es competente y devolvió la pelota a los poderes ejecutivo y legislativo. En la reunión, eso sí, algunos juristas hablaron de la declaración del estado de alarma como la vía más factible que permita una potencial suspensión. Dicho y hecho.

Es un precepto recogido en la Constitución que da amplios poderes al Ejecutivo y que ya se usó una vez: a finales de 2010 con la huelga de controladores aéreos. Estuvo en vigor más de un mes. En todo caso, en declaraciones a los medios y tras concluir la reunión, el también presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco quiso dejar claro que «no hay ninguna norma» que habilite a la Junta Electoral para acordar la suspensión de las elecciones. Admitió que existe una «laguna jurídica» y, aunque sin mencionar de forma expresa el estado de alarma, sí recalcó que hoy en día ese vacío se puede «rellenar» con normas que ya existen en el orden normativo.

Pero así como la Constitución contempla la activación del Estado de alarma a través de un decreto ley en cuestiones de «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves», la propia Carta Magna también prohíbe recurrir a los decretos leyes para modificar la normativa electoral (artículo 86.1). ¿Entonces? He aquí el dilema y el «vacío legal». Lo que está claro es que la situación que se vive en el País Vasco y en Galicia será el precedente para escenarios similares en futuros años, de ahí la necesidad de actuar con la máxima diligencia y un consenso unánime.