La disputa política por el euskera amenaza cuatro décadas de consenso lingüístico

Cuatro décadas después, la realidad es prácticamente la contraria. El desarrollo de la ley, con especial influencia en la enseñanza y en la Administración, ha mejorado notablemente el estado de salud del euskera: el 36,2% de la población de la comunidad es vascohablante y otro 18,6% tiene conocimiento pasivo, según la última Encuesta Sociolingüística, que data de 2021. En cambio, aquel grado de acuerdo político forjado en los momentos más duros se ha ido resquebrajando hasta el punto de que el entendimiento de 1982 parecería misión imposible a día de hoy.

El euskera se ha convertido ya en un elemento más de disputa política en el que cada partido despliega sus respectivas estrategias mirando de reojo al rival y también a su potencial electorado. Una pugna que se desarrolla en diferentes campos de batalla y cuyo desenlace dirimirá en gran medida el futuro de la lengua vasca, con retos como el incremento en el uso, la digitalización y su transmisión a los inmigrantes.

A medida que iba creciendo el conocimiento del euskera, las administraciones también han ido elevando su exigencia para acceder a la función pública. Se calcula que a día de hoy siete de cada diez funcionarios acreditan algún perfil lingüístico. En los últimos años, sin embargo, la Justicia ha empezado a poner coto a ese proceso, que se ha querido extender al personal interino e incluso a empleados de subcontratas. Una treintena de sentencias ha tumbado requisitos «excesivos» en procesos selectivos convocados por ayuntamientos y diputaciones.

Las fuerzas abertzales y los principales agentes de la euskalgintza denuncian una «ofensiva judicial» contra el euskera, mientras la izquierda no nacionalista reduce su alcance a una cuestión de «derechos laborales» y la derecha aplaude la intervención de los jueces ante lo que ve como una «imposición». Con diagnósticos tan dispares, la búsqueda de un acuerdo al respecto se antoja muy complicada. El PNV, cada vez más presionado por EH Bildu, ha tratado de pactar un blindaje legal con el PSE-EE, pero la negociación encalló y los jeltzales acabaron presentando una propuesta por su cuenta.

El debate en torno a esa iniciativa, que pretende suprimir los índices de obligado cumplimiento y que sea cada administración la que fije el número de plazas perfiladas, marcará en los próximos meses las relaciones entre jeltzales y socialistas, ya que estos últimos ven en peligro el consenso histórico sobre el euskera e «incumplido» el acuerdo de gobierno. Desde fuera, la izquierda abertzale, que no estuvo en los acuerdos de los 80, presiona al PNV para dar la vuelta al sistema de perfiles junto a los dos principales sindicatos, ELA y LAB.

El sistema educativo ha sido en estas cuatro décadas el motor de la euskaldunización gracias a los modelos lingüísticos, creados por un decreto que desarrollaba la ley de normalización. Valga la comparación para entender el cambio de paradigma: cuando se pusieron en marcha, en el curso 1983-84, entre los alumnos más pequeños, los matriculados en Infantil, el 47,3% estudiaba en el modelo A (castellano como lengua vehicular) y el 26,3% en el D (en euskera); en el curso 2023-24, último del que hay datos del Eustat, el A ha caído al 1,4% y el D se ha disparado hasta el 84,2%. El modelo híbrido, el B, ha pasado del 22,7% al 14%.

Sin embargo, el sistema de modelos viene presentando síntomas de agotamiento -informes del Gobierno vasco alertan de que ni siquiera el itinerario D asegura ya el conocimiento suficiente del euskera al acabar Secundaria- que impulsaron en la pasada legislatura un profundo debate político en el marco de la negociación de la Ley de Educación. El PNV, queriendo convencer al mismo tiempo a PSE-EE y EH Bildu, jugó al despiste sobre el mantenimiento de los modelos. Finalmente cedió ante los socialistas y se avino a blindarlos en la exposición de motivos, algo que sacó a la coalición soberanista de la ecuación en el último minuto.

El debate, aunque solventado sobre el papel, sigue dando que hablar en la comunidad educativa y en el plano político. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, lo da por «superado» y lo considera incluso «artificial» porque la norma estableció un «marco plurilingüe» con el euskera como «eje». Pero al mismo tiempo su Departamento sigue buscando formas, y aprobará un decreto en este sentido, para reforzar el uso del euskera en los colegios, tanto en las aulas como fuera de ellas. Según la ley, los alumnos deben acabar la ESO con un B2 de euskera, algo que no está ni mucho menos garantizado.

El uso del euskera en las instituciones vascas está plenamente normalizado y ahora se está intentando exportar a las nacionales e incluso internacionales. Desde esta legislatura se pueden utilizar las lenguas cooficiales -también el catalán y el gallego- en el Congreso y en la Conferencia de Presidentes. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez, tras pactarlo con Junts para la investidura, está tratando de lograr la oficialidad en la UE, un proceso mucho más complicado porque exige la unanimidad de los 27 Estados miembros.

Todo este avance en el reconocimiento de los idiomas cooficiales está agitando un duro enfrentamiento político por la oposición de la derecha. El PP rechazó la medida en la Cámara baja y llevará a su congreso de julio el compromiso de derogarla; en la UE, intensificó los contactos con otros países de su familia política para vetarlo; y en la Conferencia de Presidentes, Isabel Díaz Ayuso plantó a Imanol Pradales en el momento en que comenzó a hablar en euskera. Un gesto que en primer lugar desairó al lehendakari, pero también a amplios sectores de su partido, incluido el PP vasco.

La formación presidida por Javier de Andrés navega entre dos mares en el campo del euskera. Denuncia el «modelo de imposición» y sus consecuencias en el funcionamiento de servicios públicos como Osakidetza, pero no comparte reacciones como la de Ayuso. El propio presidente del PP vasco se arrancó a hablar en euskera al día siguiente, aunque evitó censurar a la mandataria madrileña y tampoco respaldó las críticas de Mikel Lezama, portavoz en Juntas de Gipuzkoa, que habló de «'show'».

Al menos por el momento, el social es uno de los pocos planos en los que el euskera parece estar a salvo de las riñas políticas. El pasado 9 de junio, cuando Pradales presentó su propuesta para dar un «salto» en el uso y buscar un acuerdo social de aquí a dos años para la revitalización de la lengua, hubo incluso representación del PP en el acto. Los partidos son conscientes de que la pervivencia del euskera se juega especialmente en las calles.

El Gobierno vasco quiere un gran consenso para la revitalización de la lengua en un momento de desafíos candentes como la digitalización y la inmigración. Se busca también un nuevo impulso para iniciativas como Euskaraldia, el experimento social masivo bianual que ya lleva cuatro ediciones pero que desde la primera, muy exitosa, hasta la última, que pasó más desapercibida, ha caído desde los 220.000 participantes a los 130.000. Esta iniciativa también cuenta con el respaldo político de todos los partidos vascos, salvo Vox.