El Congreso votará el día 22 la tasa a las energéticas en plena pugna PNV-Bildu
La negativa de Junts hace inviable su aprobación mientras los jeltzales también lo rechazarán al no estar acordado con las instituciones vascas
Será el miércoles, día 22, cuando el Congreso de los Diputados vote y, salvo sorpresa mayúscula, tumbe, el nuevo gravamen a las compañías enegéticas que ... el Gobierno central PSOE-Sumar acordó con EH Bildu en el último Consejo de Ministros del año, el del pasado 23 de diciembre. En concreto, se aprobó un nuevo gravamen temporal (el existente hasta entonces decayó en las Cortes con los votos de PP, Junts y el PNV) que estará en vigor en 2025 estableciendo, eso sí, distintos incentivos para la descarbonización. El problema es que el decreto aprobado debía ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de un mes, de ahí que la Mesa de la institución haya establecido el día 22 para su debate.
Lo que pactó EH Bildu con el PSOE a través de una disposición adicional dice así: «El Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra».
El Ejecutivo sabe que carece de mayoría para aprobar este gravamen porque Junts lo rechaza de plano. Una negativa también manifestada por el PNV, aunque con muchos más matices. Los jeltzales nunca se han posicionado radicalmente en contra de esta figura, sino que siempre han defendido que el gravamen extraordinario que estaba vigente debía convertirse en un impuesto tradicional para poder concertarlo con las haciendas forales y, una vez aquí, tomar las decisiones que consideren para diferenciarse del régimen común y adaptarlo a la realidad vasca. Esto es, precisamente, lo que EH Bildu asegura que ha pactado con el Gobierno central. Un compromiso, por cierto, arrancando un año antes por el PNV sin que haya sido materializado, como recuerdan los jeltzales con cierta irritación por una tramitación que está evidenciando una «gran carga ideológica y muchas contradicciones», como denuncia Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.
Esteban advierte de que un «gran porcentaje» de la recaudación fiscal vasca viene de estas compañías
«Aquí hay algunas inversiones que son totalmente necesarias y, para Euskadi, imprescindibles, porque un gran porcentaje de la recaudación que logramos con nuestro Concierto Económico viene de la industria energética, y ese dinero es que el luego destinamos a nuestros hospitales, carreteras, escuelas y demás», advierte.
La carta de Imaz
Todo es puro tacticismo político entre las dos grandes formaciones soberanistas vascas en su durísima pelea madrileña. Lo que buscan los de Arnaldo Otegi, sobre todo, es retratar al PNV recordando que el CEO de Repsol se llama Josu Jon Imaz y fue presidente del Euzkadi buru batzar. Un Imaz que en un contundente artículo publicado en EL CORREO hace unas semanas advirtió de que congelaría todas las inversiones previstas en España si el gravamen veía la luz.
Un movimiento de enorme calado que en Cataluña provocó el respaldo absoluto de la patronal y del partido de Carles Puigdemont, mientras que en Euskadi, el PNV apostó por mantener una postura mucho más cauta aunque siempre en contra de prorrogar el gravamen tal y como estaba, advirtiendo, eso sí, del gran peso que la industria tiene en el País Vasco y su impacto en materia de empleo. Su única línea roja, enfatizada por todos sus líderes, incluido el lehendakari, Imanol Pradales, es que de existir, debe concertarse con las haciendas vascas.
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