La jueza exime a Darpón y al resto de la cúpula sanitaria por el fraude de la OPE de Osakidetza

Con estas citaciones son 20 los investigados por la presunta existencia de un «sistema clientelar» para adjudicar las plazas en determinadas especialidades médicas a opositores seleccionados de antemano, según los denunciantes. El supuesto fraude por las filtraciones en los exámenes ha obligado a paralizar la asignación de plazas de trece ramas médicas, aunque las sospechas se extienden a una veintena.

Nueve meses después de que estallara el escándalo, el entonces consejero de Salud, Jon Darpón, tiró la toalla el 14 de marzo de 2019 y presentó su dimisión «irrevocable» al lehendakari. Lo hizo cuando se confirmó que el Parlamento iba a reprobarle como máximo responsable político de la organización de la OPE. La presión política y el desgaste personal al desvelarse irregularidades puso fin a la carrera política de uno de los hombres de la máxima confianza de Urkullu. Fue un paso inédito. Nunca hasta la fecha un consejero había dimitido por la investigación de un fraude vinculado con su departamento. Su sustituta fue Nekane Murga,

El escándalo provocó la mayor cadena de dimisiones de altos cargos del Gobierno vasco desde la recuperación de la democracia. Entre ellos, la de María Jesús Múgica, que renunció el 15 de noviembre de 2018 a su puesto como directora de Osakidetza. El director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, ha sido el último miembro presuntamente involucrado en el caso en dimitir. Lo hizo en septiembre del año pasado.

La jueza que instruye el caso ha rechazado imputar a Darpón; a la exdirectora general de Osakidetza, al exdirector de Recursos Humanos del departamento de Salud, Juan Carlos Soto, y al resto de altos cargos de Osakidetza que el sindicato LAB había solicitado investigar, así como a los dos miembros del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Fulgencio Aledo y Maite Iruretagoyena.

En el auto, deja claro que estas ocho personas «no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar tal al Gobierno vasco, a Osakidetza o al IVAP, y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delito, o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas», por lo que no se considera que hayan participado en ningún delito de asociación ilícita. «Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación paralela, o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita». Por lo que «no existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no procede la citación en calidad de investigadas a las personas señaladas por este concepto», expone.

La justicia también niega que hayan sido partícipes de un delito de fraude en la contratación, al no existir «indicios que sugieran que las personas cuya investigación se promueve se hayan reunido entre sí para organizar una filtración masiva de los exámenes de las oposiciones, o que se haya utilizado la contratación del IVAP para conseguir beneficiar a ningún opositor».

Lo mismo ocurre con la acusación de revelación de secretos, ya que «ninguna de las personas señaladas por LAB tuvo conocimiento de las preguntas de los exámenes, ni tuvo acceso a los mismos, por lo que no pudieron revelarlas a los opositores, ni incurrir en el tipo penal descrito», y con el delito de negativa intencionada de promover la persecución de la revelación de secretos porque «ninguno de ellos tiene entre sus funciones la de perseguir delitos». La jueza también descarta la imputación por un delito de prevaricación.

En el auto, solicitado por la Fiscalía, se aceptan las declaraciones de nuevos testigos, un total de nueve personas, especialistas de Digestivo, Trauma y Ortopedia, Neurofisiología, Angiología y cirugía vascular y Estética, Plástica y Reconstructiva. El Ministerio fiscal también requiere a Osakidetza el aporte del expediente administrativo que se realizó con la relación a la especialidad de Nefrología. Hasta ahora esta categoría no había aparecido en el caso.

El sindicato ESK, que como LAB es parte personada en el caso, considera este auto «positivo, ya que como primera medida aprueba la investigación del caso durante seis meses más». Fue esta central la que propuso la declaración como investigados de los nuevos imputados. «No solo forman parte de este entramado las personas que filtran los exámenes, sino también las que usan estas filtraciones como beneficio propio», aseguraron tras conocer el auto.

Al no haber sido este sindicato quien solicitó que se investigara a la cúpula de Salud, sino LAB, ESK entiende que compete a la central abertzale valorar un posible recurso, «pero, más allá de las responsabilidades judiciales que puedan tener las personas de la dirección de Osakidetza, siempre hemos defendido que si el sistema clientelar ha seguido adelante, ha sido gracias al conocimiento y aval de las direcciones de Osakidetza». Por ello, exigió un «compromiso claro y explícito» a la actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, para «acabar con estas prácticas».

A diferencia de ESK, LAB considera «una mala noticia» que el juzgado «quiera cerrar varias puertas imprescindibles» para aclarar lo ocurrido en las OPE. A su juicio, «sería un error de consecuencias muy graves reducir el tema de las filtraciones a un único delito de revelación de secretos. Tenemos la certeza de que la dirección de Osakidetza ha sido la que ha diseñado la estrategia eficaz para garantizar las filtraciones, así como su impunidad. Esa dirección ha sido la que ha ido creando cortinas de humo para esconder esa práctica corrupta», insistió en un comunicado ayer, después de conocer que la jueza había rechazado imputar a las personas que ellos había requerido como acusación popular.