Es una evidencia compartida por científicos e instituciones públicas que la dana extrema que ha causado más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana está ... relacionada con la subida de la temperatura, tanto de la atmósfera como del mar. Hay más factores, pero la prospectiva de escenarios futuros nos sitúa ante un incremento de las probabilidades de eventos naturales extremos y catastróficos en todo el planeta, incluido Euskadi.
Según una encuesta del Observatorio Klima de la Fundación BBK, el 83% de la ciudadanía vasca está muy preocupada por los efectos del cambio climática. El 85% cree que estamos a tiempo de actuar. Y el 92% piensa que desde los distintos gobiernos se pueden poner en marcha políticas que contribuyan a la descarbonización. Una ciudadanía predispuesta para un liderazgo institucional verde.
Se agradecen los reflejos que ha tenido el Gobierno vasco reconociendo que revisará la normativa y reforzará el sistema de emergencias tras las inundaciones en Valencia y planteando en los Presupuestos políticas para mejorar la prevención ante posibles catástrofes naturales. Pero se echa de menos que no se esté aprovechando la oportunidad para impulsar y poner en el centro de la agenda pública la crisis climática. Porque el cambio climático mata y continuará matando personas, y desde las instituciones vascas se puede trabajar para cristalizar ese necesario cambio de mentalidad en nuestra identidad y en los valores compartidos de nuestra comunidad.
Desde el Gobierno vasco se podría aprovechar para intensificar y acelerar las políticas que contempla la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que fue aprobada este año con el apoyo del 82% del Parlamento. Uno de los puntos clave de esta ley es el despliegue de las infraestructuras renovables para la transición hacia unas energías limpias. Las renovables constituyen una pieza clave en la estrategia para mitigar la crisis climática. El Gobierno vasco tiene el botón que activa el despliegue y para ello sería deseable que los principales partidos que tienen poder municipal en Euskadi, fundamentalmente PNV y EH Bildu, llegaran a un acuerdo por el que obligaran a sus líderes locales a colaborar y no hacer populismo eólico o fotovoltaico para ganar votos a costa de posiciones reaccionarias que debilitan el desarrollo de una visión compartida de país. La justificada urgencia del despliegue de estas infraestructuras convierte en irresponsabilidad política cualquier oposición local en un marco legal tan garantista con los derechos ambientales como el vasco.
Y si la colaboración de la ciudadanía es fundamental, la negociación de los nuevos Presupuestos sería una buena oportunidad para incrementar el Presupuesto de Ihobe para que más allá de sus necesarios programas para descarbonizar la industria y reforzar la economía circular, multiplicara su capacidad para llegar a la ciudadanía a través de su red de Ekoetxeas que se deberían expandir por todo el territorio. Una medida viable para ayudar a cristalizar la sensibilidad climática y los hábitos sostenibles dificultando así cualquier tentación partidista.
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