En comparación con la mayoría de los demás países de Europa (y del mundo), España tiene un régimen de regulación de la ciudadanía muy restrictivo ... en general, basadoprincipalmente en el principio de 'ius sanguinis', según el cual el acceso a la ciudadanía se extiende a personas de ascendencia común. De acuerdo con los datos más recientes del Índice de Políticas de Migración e Integración (MIPEX) sobre el 'Acceso a la Nacionalidad', España ocupa el puesto 40 entre una muestra de 52 países. También nos encontramos entre los siete Estados miembros de la UE, y el 18% de los países del mundo, que todavía imponen restricciones a la doble ciudadanía para los extranjeros que adquieren la ciudadanía española a través de naturalización, así como para los ciudadanos españoles que adquieren voluntariamente otra ciudadanía.
El régimen restrictivo del Estado español para otorgar la nacionalidad tiene numerosas excepciones. El requisito general de residencia de diez años se reduce a cinco, tres o incluso a sólo un año para ciertos grupos que representan a una proporción significativa de los inmigrantes. Estas excepciones reflejan las preferencias basadas en el patrimonio y en la etnicidad en favor de inmigrantes de América Latina, que durante mucho tiempo se ha destacado como una variable determinante de la política de inmigración y ciudadanía, y también se refleja en la nueva norma que facilita el acceso a la ciudadanía a los descendientes de exiliados españoles, como la reciente ley de memoria.
Es verdad que también tenemos abierta una carta de naturaleza de la que se han beneficiado principalmente deportistas de élite. La nacionalidad española por carta de naturaleza se otorga discrecionalmente por real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales y después de tramitar un expediente para cada caso particular. En 2020, se contabilizaba que se concedía una carta de naturaleza a un científico por cada cuatro deportistas.
La explosión de nacionalismo español alrededor de las hazañas deportivas coincide con el debate que se va a abrir en el Congreso esta semana con la presentación del presidente del Gobierno de las medidas para la regeneración de la democracia española. Habrá que estar atentos a las medidas enfocadas a la mejora de la inclusividad y su capacidad para integrar más fácilmente a las personas que viven y trabajan en nuestro país sin disfrutar de todos los derechos que les otorgaría tener la nacionalidad española.
En el caso de los ciudadanos marroquíes, por poner el ejemplo más cercano, se exige una residencia legal y continuada de diez años. Esto significa que los marroquíes deben haber vivido en España de forma ininterrumpida y con todos sus papeles en regla durante este periodo y además, entre otros requisitos, deben de renunciar a la nacionalidad marroquí.
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