Bildu se consolida como socio clave del Gobierno al apoyar la ley de Memoria

Como ya sucediera con el primer decreto anticrisis, EH Bildu se reivindicó este martes de nuevo como socio clave de Pedro Sánchez en una de las leyes troncales de la legislatura, la de Memoria Democrática. Y lo hizo además a cambio de cesiones de calado simbólico que permitieron a la coalición abertzale ahondar en su narrativa sobre la ausencia de una verdadera Transición democrática y sobre el reconocimiento de las que considera 'sus' víctimas. La reacción de Arnaldo Otegi en Twitter fue clara: «Todas las memorias, todas las víctimas, todos los relatos».

No obstante, el Gobierno niega que la ley pretenda servir de paraguas para incluir a etarras torturados o asesinados por los GAL como víctimas del tardofranquismo, sino que la ampliación hasta 1983 del período de aplicación de la norma, que EH Bildu presentó como un logro propio en la negociación, obedece en realidad a un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para reconocer a personas que lucharon por la «consolidación de la democracia» -manifestantes, trabajadores, sindicalistas- en aquellos años convulsos marcados por el golpe de Estado del 81.

El pacto que asegura el voto favorable de EH Bildu a la norma, que ahora tiene garantizada su aprobación pese a la espantada de ERC -otra grieta más en la teórica unidad de acción de los republicanos y la izquierda abertzale-, contempla, según la coalición, «abrir vías de reconocimiento y reparación» a las víctimas «olvidadas y abandonadas» por las instituciones durante los gobiernos de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo y el primer año de Felipe González. Una fecha que en absoluto obedece al azar sino al interés de EH Bildu en negar los efectos de la Transición. «Todo el mundo sabe que el franquismo no acabó en 1978», justificó su portavoz, Mertxe Aizpurua.

La enmienda pactada con la izquierda abertzale asume que, tras la entrada en vigor de la Constitución en 1978, pudieran «persistir elementos que ocasionaran supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha en la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos», por lo que contempla investigar los posibles delitos y torturas cometidos hasta el 31 de diciembre de 1983 a través de una comisión técnica que elabore un estudio y «señale posibles vías de reconocimiento y reparación» a las víctimas.

Preguntada por la posibilidad de que esos 'luchadores' incluyeran a víctimas de los GAL, Aizpurua respondió que la norma pretende reparar a todas las víctimas de «conculcaciones» de derechos fundamentales en ese período. Según esa interpretación, abriría la puerta a documentar crímenes como el de Lasa y Zabala, que data de octubre de 1983 o el secuestro de Segundo Marey, de diciembre de ese año. No obstante, en declaraciones a EL CORREO, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, responsable además de Memoria Democrática y Convivencia de la ejecutiva del PSE, precisó que la aplicación general de la ley es hasta 1978 y que la prolongación de un lustro pretende exclusivamente reparar a «personas defensoras de los valores democráticos», lo que en ningún caso incluiría a terroristas. «ETA es precisamente el único vestigio que quedó después del franquismo, los únicos que se quedaron anclados en la dictadura», abundó Itxaso.

El acuerdo con Bildu fue recibido con estupor por la oposición -Cs lo tildó de «repugnante» e ironizó con «hacer ministro a Otegi»- y por asociaciones de víctimas como la AVT, que acusó a Sánchez de «reescribir la historia». Incluye la transformación en «lugares de la memoria» del fuerte de San Cristóbal de Pamplona, utilizado como cárcel por Franco, y el Palacio de La Cumbre del donostiarra barrio de Aiete, cuyas dependencias, terrenos y archivos serán cedidos al Ayuntamiento de San Sebastián en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la norma. Aizpurua, que comparecerá este miércoles en ese enclave junto a «familiares de represaliados», recordó que el inmueble fue la residencia del gobernador civil de Gipuzkoa «y el lugar donde torturaron en 1983 a Lasa y Zabala antes de ser asesinados y enterrados en cal viva por miembros de los GAL».

Además, se asume de manera explícita la «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas y la nulidad de sus resoluciones, pero en ningún caso la derogación de la Ley de Amnistía. EH Bildu se desmarca así de ERC y se suma al bloque formado por PNV, PDeCAT y Coalición Canaria, que también respaldarán la norma en su votación definitiva en julio. Los jeltzales han introducido sendas enmiendas para la restitución a partidos y sindicatos de documentos, enseñas y banderas incautados durante el franquismo y el acceso de las víctimas y sus descendientes a los fondos documentales. Eso sí, fuentes del EBB dejaron claro que son decisivos para la aprobación del texto y que aún confían en que sirva de «molde» para dar cauce a una de sus aspiraciones históricas, la recuperación del palacete de París que en 1937 albergó la sede del Gobierno vasco del lehendakari Aguirre, propiedad del partido y símbolo del exilio.

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