La democracia tiene mucho que ver con la gestión del disenso y con los límites que, desde el poder, pretendan ponérsele a este. En principio, ... no debería de haber más condicionantes que los que marcan el respeto a la verdad, la educación y la tolerancia. Como no debería de haberlos para la solicitud de rendición de cuentas a quienes nos gobiernan acerca de aquellos temas que, por razones de peso, generan inquietud o malestar en la ciudadanía.
Cualquier gobernante, sea estatal, autonómico, municipal o de una comunidad de vecinos, debería estar siempre dispuesto a dar las explicaciones que se le requieran sobre su gestión en aras a contribuir a la transparencia institucional y política, pues en eso consiste estar al servicio público. Pero quienes nos gobiernan y los que aspiran a hacerlo han pervertido ese recurso que obedece a la pura lógica parlamentaria.
Abogar por que se observen las formas y la debida mesura en el debate político, como ha hecho el lehendakari Pradales en el arranque de legislatura, a la vez que se duele y acusa al principal partido de la oposición de no terminar de decidir si esta va a ser «constructiva o destructiva», por pedir al Ejecutivo aclaración sobre diversos asuntos (entre ellos, la falta de personal médico que costó la vida a un vecino de Llodio y la destitución del responsable de contratación del servicio de ambulancias de Osakidetza, que ha sido objeto de más de 200 denuncias solo en Bizkaia este verano) de algún modo es empezar a jugar con las cartas marcadas.
Buscar el consenso es siempre positivo. Pero la democracia no puede reducirse a una cuestión asamblearia ni puede ser el reinado de la mayoría. El asunto es mucho más complejo y tan disfuncional es una oposición que se dedique solo a cuestionar, desmerecer y torpedear la acción del gobierno, como una que renuncie a ejercer las funciones de vigilancia y control del ejecutivo que le son propias, para optar a un premio de buena conducta.
Por más que resulte incómodo y haya sido reducido a un instrumento de desgaste del adversario dentro de la competición partidista, quien cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara tiene, desde que es elegido, el deber de atender a las demandas de los representantes de la minoría. Mucho más si, como es el caso, esa minoría solo lo es en la aritmética parlamentaria, al estar igualada en el número de escaños al principal partido de gobierno. Se trata de una oposición fuerte, a la que debe hacerse frente con argumentos más sólidos que el de solicitar que te perdone la vida.
La rendición de cuentas no es algo opcional. Es una responsabilidad institucional irrenunciable y necesaria para que los funcionarios y las instituciones preserven su reputación y fortalezcan su integridad y compromiso con la limpieza y eficacia en la gestión de una sociedad estable y que avanza; y para que los agentes políticos se ciñan a la verdad y la transparencia y fortalezcan la coherencia entre su discurso y sus acciones. Quizá ese debiera ser el primer punto de un necesario acuerdo de mínimos que devuelva a la democracia su razón de ser.
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