Sin seguridad no hay democracia
La respuesta de la comunidad internacional al narcotráfico es impotencia y desinterés. Nadie se atreve a plantear soluciones alternativas
«O plata o plomo». En esta frase lapidaria se concentra el dilema mortal con el que operan las mafias del narcotráfico. Lo hemos visto ... o leído en cientos de películas y libros que nos han relatado hasta la saciedad múltiples escenas de esa tragedia que vemos lejana y ajena. No debiéramos situarla tan lejos. El comercio de las drogas y las organizaciones criminales que lo gestionan se están expandiendo por el mundo entero, también aquí en Europa, representa un peligro mortal para las democracias latinoamericanas y destruye la vida de millones de sus ciudadanos.
Latinoamérica, esa realidad tan próxima para muchos de nosotros que cooperamos con tantos pueblos fraternos, se desangra en la violencia del 'narco' y en la de las bandas juveniles.Unas y otras se apoderan de ciudades y pueblos estableciendo una ley salvaje ante la ausencia del Estado. Millones de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos huyen hacia Estados Unidos, expulsados por esa combinación fatal de ausencia de expectativa laboral y de violencia mortal. Se unen así a otros millones de refugiados que vienen de Haití, de Cuba, de Venezuela... en la misma búsqueda: trabajar y vivir en paz.
No es preciso describir con más detalle este drama. Solo recordar algunos datos: cuarenta y tres de las cincuenta urbes más violentas del mundo están en América Latina. Cerca de cien homicidios por cada 100.000 habitantes es la escalofriante estadística que señala a algunas de sus ciudades. El periodismo libre está herido de muerte por las amenazas de los traficantes. Algunos países tienen penetrados por el tráfico de drogas sus sistemas políticos y judiciales. Esta actividad ha superado las líneas clásicas de producción y transporte (Colombia hacia EE UU) y hoy está presente en Venezuela , Ecuador, Chile y hasta Argentina. El 80% del territorio mexicano está afectado por problemas de seguridad personal o familiar. La extorsión y el crimen alcanzan a toda su población: empresarios, comerciantes, jóvenes, niños... La frontera de Estados Unidos con México tiene aproximadamente 3.000 kilómetros y en el lado estadounidense hay 9.000 armerías; es decir, tres por cada kilómetro. Deduzcan ustedes a quién venden su mortífera mercancía.
Dos reflexiones nos afectan. La primera tiene que ver con la respuesta de la comunidad internacional al problema del narcotráfico. No hay respuesta. Solo perplejidad, impotencia, desinterés. Todos conocemos el diagnóstico del problema pero nadie se atreve a plantear caminos alternativos a una situación que se extiende peligrosamente hacia los confines 'occidentales' del mundo.
Una salida fácil y un poco demagógica propone la legalización, pero todos sabemos los riesgos comunitarios y de salud pública que eso supone , además de la imposibilidad material para un acuerdo universal de esa naturaleza. Pero de alguna manera habría que intentar controlar y regular la producción y el consumo desde autoridades públicas delegadas por Naciones Unidas o por alguna organización creada al efecto por la comunidad internacional. Quitarles el negocio a las bandas criminales es fundamental y eso es lo que persiguen todas las iniciativas que se están planteando en este vidrioso y complejo tema. Una veintena de expresidentes latinoamericanos presentó ante la comisión global de política de drogas de Naciones Unidas su informe anual 2022, reclamando precisamente «un camino hacia una regulación justa». En dicho informe se constata el fracaso de la guerra contra las drogas, que aumenta los cultivos de coca cada año y tiene cada vez más altos costes económicos, humanos y democráticos.
El otro gran debate, no menos complejo que el anterior, es el que nos ha planteado a todos la respuesta de Bukele, el presidente de El Salvador, frente a la violencia juvenil de las bandas en su país. Su apuesta de seguridad, que se carga de un plumazo todo el garantismo penal y procesal, todos los derechos ciudadanos frente a los abusos del Estado, ha producido unos efectos extraordinarios. En poco menos de un año, esta suspensión general de garantías ha hecho bajar la tasa de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes a 2,1. Llevan doscientos días con cero homicidios. Hace dos años, había 40.000 presos. Hoy hay 95.000. La popularidad de Bukele roza el 90%. Honduras, con un Gobierno de izquierdas, anuncia una acción semejante. En toda América Latina el fenómeno Bukele genera peligrosas imitaciones.
No me cabe duda de que esta respuesta es inadmisible desde una perspectiva democrática. Creo, además, que su éxito es provisional y efímero. No podrá retener a esa enorme masa juvenil encerrada eternamente. La cárcel no les sanará, sino al contrario.
Finalmente, es el Estado el que tiene que proporcionar seguridad y libertad y esa ecuación exige soluciones más sostenibles, más equilibradas y con una perspectiva socioeconómica que genere cohesión social y bienestar. Esta es la gran demanda de las nuevas clases sociales (jóvenes formados) latinoamericanas y la gran asignatura pendiente de sus Estados.
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