La vivienda, un derecho humano inaplazable

El acceso a la vivienda está estrechamente ligado al poder salarial. En 2023 los españoles destinaron de media el 43% de su salario bruto al alquiler, superando con creces el límite del 30% recomendado por los expertos. Para la población joven, la situación es aún más alarmante: los que tienen entre 16 y 29 años deberían destinar el 92,1% de su sueldo para alquilar una vivienda en solitario. Este dato refleja no solo la imposibilidad práctica de acceder a un alojamiento digno para las generaciones más jóvenes, sino también las barreras que enfrentan para emanciparse y formar hogares, agravando la precariedad y las desigualdades sociales.

En este contexto, el auge de los pisos turísticos ha añadido una nueva presión al mercado inmobiliario, especialmente en las zonas más tensionadas. Ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia, que reciben un alto volumen de turistas, han visto cómo una gran parte de su parque inmobiliario se destina a estancias turísticas de corta duración, reduciendo aún más la oferta para residentes permanentes y disparando los precios en los barrios más demandados. Esta realidad encarece la vivienda para los trabajadores y contribuye a la gentrificación y al desplazamiento de las comunidades locales.

Las cifras de exclusión habitacional, en un contexto de aumento de precios, escasez de vivienda social y proliferación de pisos turísticos, colocan a España muy por detrás de nuestros vecinos europeos, lo que perpetúa las desigualdades. Una sólida política de vivienda social sería fundamental en situaciones como las de los afectados por la dana en Valencia, que necesitan soluciones inmediatas para reconstruir sus vidas. La vivienda social puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación de los afectados por desastres naturales y en la prevención de su exclusión social. Si entendemos la vivienda como un derecho humano básico, corresponde al Estado, en su conjunto, garantizar su restitución inmediata cuando una catástrofe imposibilite su uso.

La vivienda es un factor de cohesión social y un pilar básico del Estado de bienestar. Un acceso garantizado y justo refuerza la integración comunitaria, disminuye las tensiones sociales y fomenta la estabilidad económica. No actuar sobre esta crisis no solo perpetúa la desigualdad, sino que socava la estructura misma de nuestra sociedad. Es imprescindible devolver la esperanza a la juventud y a quienes carecen de recursos. No podemos permitir que la falta de políticas efectivas en materia de vivienda alimente discursos extremistas y negacionistas que amenazan nuestra convivencia.

Ya hay amplios sectores de la población sin una solución adecuada. Por ello, es imprescindible que se establezcan mecanismos que conviertan el derecho a la vivienda en un verdadero derecho justiciable, y que proporcione, además, seguridad jurídica a los pequeños tenedores, que deben tener asegurado el uso de su propiedad. El Gobierno central y las comunidades autónomas deben actuar como garantes, promoviendo una oferta suficiente de vivienda asequible y social. Esto incluye regular los alquileres en zonas tensionadas, aumentar la construcción pública y abordar el impacto de la especulación y los alquileres turísticos descontrolados.

En el 44º Congreso confederal, UGT ha reafirmado su compromiso con el derecho a la vivienda como un eje central de su acción sindical. El acceso a la vivienda digna es un pilar fundamental para mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. En nuestras resoluciones exigimos un compromiso político sólido que haga de este derecho una prioridad real y tangible, promoviendo un modelo social en el que la vivienda deje de ser un sueño inalcanzable para convertirse en una garantía efectiva. Si queremos construir una sociedad más justa e igualitaria, el acceso a una vivienda digna no puede ser negociable. La solución a este desafío no solo es posible, sino imprescindible.