Pensiones, inicio de ruta

En este marco hay que situar el comienzo de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. A pesar de lo extenso del título, interesa reproducirlo íntegramente porque proporciona una clara referencia indicativa de la finalidad que tiene (o debe tener) una norma legislativa como ésta: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar, en su doble faceta financiera y social, la sostenibilidad del sistema público. Lo que nos da una idea exacta de la función que debe cumplir la normativa reguladora de esta materia, de la que el proyecto de ley en tramitación no es más que un primer paso inicial.

Hay que empezar diciendo que las dificultades objetivas que ofrece el tratamiento legislativo de esta cuestión son reales y no pueden ser ignoradas; y no contribuyen en nada, más bien todo lo contrario, las proclamas que prometen soluciones simplistas a problemas sumamente complejos como éste. No resulta nada fácil hallar la fórmula que compagine la suficiencia prestacional de las pensiones (lo que implica como condición indispensable el mantenimiento de su poder adquisitivo) con la sostenibilidad financiera del sistema. De todas formas, el que haya dificultades objetivas no quiere decir que sea imposible; se trata de hacer posible lo que es necesario, que se puede…. si hay voluntad y se adoptan las medidas para ello.

En este asunto, más que en ningún otro, las medidas que se adopten han de contar con un amplio respaldo no solo en las instancias políticas, sino, sobre todo, por parte de los agentes económicos y sociales. Hay que valorar positivamente que haya sido posible acordar una serie de recomendaciones respaldadas por las formaciones políticas, tanto del Gobierno como de la oposición, en el marco del Pacto de Toledo a finales del pasado año; como asimismo el que las organizaciones patronales y sindicales hayan suscrito también acuerdos sobre esta materia. Es en este marco en el que ha sido posible elaborar el texto del proyecto de ley ahora en el Congreso.

Llama la atención por ello la forma como se ha iniciado la tramitación parlamentaria; más concretamente, la actitud mantenida por el principal partido de la oposición, que, sin entrar a debatir sobre los puntos concretos del texto, se limita a hacer una enmienda a la totalidad, sin más, para patentizar su rechazo. Lo que, además, entra en contradicción con la posición mantenida hasta ahora en el Pacto de Toledo, en el que prestaron su respaldo a las recomendaciones acordadas. Se trata de una actitud que, además de contradictoria, no deja de ser una muestra más de la peculiar concepción que tiene el PP sobre la forma de ejercer la oposición y de la posición en que está instalado en esta legislatura.

Otra cosa que conviene tener siempre presente es que en el debate sobre una norma en tramitación hay que discutir sobre lo que se dice en el texto (puede verse en BOCG 6/09/2021, en www.congreso), no sobre lo que no se dice en él. Resulta obligado hacer esta puntualización porque, a juzgar por algunos comentarios en los medios, hay motivos para dudar de si quienes los hacen se han leído el texto. Hay otras cuestiones muy importantes, en especial la relativa al mecanismo de equidad intergeneracional sobre el que va a haber que discutir a fondo, pero que no está incluido en el texto que se tramita ahora. Y hay también otras ajenas a su contenido que, sin embargo, se esgrimen en la discusión sobre este proyecto de ley.

De todas formas, este asunto no ha hecho más que empezar. El texto en discusión no es sino el inicio de un proceso legislativo que no va a ser nada fácil y cuya continuidad a lo largo de toda esta legislatura (que aún no ha llegado a su ecuador) va a ser una de las pruebas más decisivas para poder hacer una valoración positiva de ella. Y no hay que ocultar, más aún viendo algunas de las reacciones que ha suscitado el proyecto, que el camino que queda por recorrer (casi todo) no deja de ser de lo más incierto. Dada la importancia del tema -nada menos que garantizar el mantenimiento del sistema público de pensiones- y las dificultades objetivas que presenta el asunto, sería de desear que las actitudes ante esta cuestión no contribuyan a añadir más problemas de los que ya hay, que no son pocos.