Políticas migratorias que matan

Ya en septiembre, los medios de comunicación han dedicado amplios espacios a mostrarnos la situación que se vivía en Lampedusa, con cientos de personas que esperaban bajo el sol a ser asistidas y con el centro de identificación y registro de la isla completamente hacinado. Una emergencia que era previsible.

En ambos lugares, las mismas protagonistas: Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y Von der Leyen, haciendo gala de su discurso contra la «inmigración ilegal» y alarmando a la sociedad ante «la avalancha», algo que la propia Meloni se encargó de elevar al grado de emergencia nacional en abril y que ha refrendado en los meses posteriores con sucesivos decretos y medidas para agilizar las deportaciones y prolongar las detenciones. Ambas obviaron que la situación que en esos momentos se vivía en la isla es consecuencia directa de sus políticas para externalizar fronteras y para dificultar las labores de rescate de las ONG.

Tampoco mencionaron que lo que se vivía en Lampedusa era también fruto de que la UE no cuente con operaciones de salvamento y rescate lideradas por los Estados -en este caso, Italia- desde hace casi diez años, con el cierre de 'Mare Nostrum', y de que ni siquiera se planteen volver a ponerlas en marcha. Y aquí hay algo que nos gustaría dejar claro: los migrantes que llegan a Lampedusa no son aquellos que rescatamos las ONG tratando de poner una tirita al daño causado por la UE; son aquellos que consiguen llegar por sus propios medios y jugándose la vida en embarcaciones cada vez más precarias. Porque a las ONG, fruto de otra estrategia del Gobierno italiano, se nos asignan siempre puertos alejados de las zonas donde se han producido los rescates.

Y, por supuesto, en sus comparecencias ante los medios -con las personas migrantes como imagen de fondo-, ni Meloni ni Von der Leyen han parecido tampoco lamentar las más de 2.000 vidas que se ha cobrado el Mediterráneo desde que comenzó el año, ni las más de 28.000 que se han tragado sus aguas desde 2014.

Queremos remarcar que Italia no es un país «asediado», como pretende hacernos ver la primera ministra. Es simplemente un país de tránsito incapaz de gestionar este flujo de personas. Y esa incapacidad se debe a la falta de voluntad política para remediarlo. Que Lampedusa se viera saturada es algo que algunos políticos y sectores de la sociedad estaban deseando que pasara y para lo cual se dieron pasos de forma muy deliberada.

El hecho de que 132.000 personas -si contamos solo a quienes lo han conseguido- hayan tenido que jugarse la vida en el Mediterráneo central en lo que va de año es algo que debe preocuparnos, así como el hecho de que desde Túnez hayan partido el doble de personas que el año pasado en el mismo periodo y que este país haya superado a Libia como principal punto de salida. Sin embargo, es importante atender las causas de ese aumento y no obviarlas. Y menos aún regando de millones de euros al Gobierno que, precisamente, mediante sus declaraciones y actuaciones, está sembrando el odio hacia las personas negras, que desde hace meses están sufriendo todo tipo de abusos y persecuciones.

En cualquier caso, Europa ha demostrado que, cuando ha querido, ha sabido acoger, de forma ejemplar, a millones de personas que huyen de una guerra (Ucrania). Es, como suele suceder, una cuestión de voluntad política. De dobles raseros.

El acuerdo con Túnez, del cual se volvió a hablar este mismo jueves en la reunión de ministros de Interior y Justicia promovida por la presidencia española de la UE, replica una vez más las peligrosas políticas migratorias europeas, que cada vez 'incentivan' más a terceros países para aumentar la disuasión y la contención de las personas que intentan llegar a Europa. En dicho encuentro, y a propuesta de la presidencia española, se abordó el llamado «modelo preventivo», un paso más hacia la externalización de fronteras y hacia la limitación del derecho a la movilidad de las personas, desviando fondos económicos de desarrollo hacia el freno de la migración. Y lo que resulta más preocupante: también se ha avanzado en las negociaciones del Pacto de Migración y Asilo, desbloqueando el reglamento de crisis. Entre las propuestas clave del paquete de reformas: reforzar el control fronterizo, limitando aún más el acceso al asilo y la protección, el uso de la detención con la finalidad de 'screening' y la apuesta por centros de detención en fronteras y zonas de tránsito, como los que vemos en Grecia, que no están destinados a garantizar los derechos y la dignidad de las personas, sino a su detención y posterior deportación.

El memorándum UE-Túnez amparará con impunidad y sistematizará la violencia contra los migrantes, como ya pasó en su día tras la firma de acuerdos similares con Turquía y Libia, o del acuerdo entre España y Marruecos, lo que convierte a la UE y a sus Estados miembros en cómplices de las muertes y de los abusos que estos países permiten o provocan.

Las políticas migratorias de la UE son tremendamente irresponsables y están destinadas únicamente a convertir a terceros países en policías de nuestras propias fronteras, poniendo en último lugar el bienestar y los derechos de las personas en movimiento, aun a sabiendas de que estas quedan permanentemente atrapadas en ciclos de violencia, abuso y desesperación.

La línea que quieren seguir nuestros políticos parece estar muy clara y resulta muy peligrosa. De no cambiar radicalmente el enfoque de estas políticas, seguiremos lamentando muertes prevenibles y evitables.