Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden

Francia es uno de los Estados del mundo con mejores condiciones de acceso a la jubilación, uno de los que más dinero invierte en pensiones. La defensa de las retribuciones públicas sigue siendo una cuestión central en la sociedad francesa gracias a las fuertes movilizaciones y huelgas.

A este lado de los Pirineos, hay que recordar que tanto al Parlamento de Gasteiz como al de Iruña se les niega la competencia sobre esta materia. Las instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y Navarra dan por bueno lo que se decide en Madrid. Por un lado, ni siquiera ejercen la posibilidad legal de complementar las pensiones mínimas, que están claramente por debajo del umbral de pobreza. Por otro lado, se puede decir que prefieren que los recortes en las jubilaciones se aprueben en Madrid.

Precisamente en Madrid se está tratando el próximo recorte. El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con la Comisión Europea en abril de 2021 a aplicar reformas para acceder a los Fondos Europeos (ELA denunció que, como especificaba su regulación, vendrían con condiciones). En junio de 2021 se hicieron públicos los documentos que recogían estos compromisos para una reforma de pensiones en dos fases. La primera parte de la reforma se tenía que hacer en 2021, y así se hizo. Si bien recogía la revalorización de las pensiones con el IPC (logro alcanzado gracias a la lucha del movimiento de pensionistas) también incorporaba recortes, en especial en las jubilaciones anticipadas. Se dejaba para 2022 la adopción de otras medidas. La más importante: el recorte de las nuevas jubilaciones a través de la ampliación del número de años para calcular la pensión. Es lo que está en juego estos días.

Aumentar el número de años supone recortar las futuras pensiones por dos motivos. En primer lugar, los años que quieren añadir tienen una base de cotización menor. Y en segundo lugar, en ese nuevo periodo entrarán más meses y años no cotizados, lo que supone un fuerte impacto negativo: aumentar el número de años penaliza más a las personas más precarizadas, cuya mayor parte son mujeres. Esto viene corroborado por un estudio del Banco de España: haber pasado de 15 a 25 años ha supuesto un recorte medio del 5%, pero para las mujeres ha sido aún mayor, del 5,4%, frente al 4,8% de los hombres.

El verdadero problema es que las jubilaciones son demasiado bajas. Una parte importante está por debajo de los umbrales de pobreza, en especial las de las mujeres: su pensión media es de 1.056 euros en la CAPV y de 977 euros en Navarra, 600 euros menos que los hombres.

ELA, junto a otras organizaciones, convocó sendas huelgas generales contra las reformas de pensiones en 2011 y 2013. En 2011, CC OO y UGT acordaron con Zapatero retrasar la edad de jubilación y pasar de computar 15 años a 25 a la hora de calcular la pensión. Por ello, ELA lleva más de una década exigiendo que se dé marcha atrás en esos fuertes recortes, que se vuelva a la jubilación a los 65 años, que se tengan en cuenta 15 años y no 25, y que se cobre el 100% de la pensión con 35 años cotizados (y no con 37).

Es posible detener la reforma que pretende aplicar el Gobierno. Sánchez necesitaría el respaldo de más partidos políticos para conseguir una mayoría. ELA cree que todos los partidos con representación política en Hego Euskal Herria, y en especial EH Bildu, Unidas Podemos, EAJ-PNV y Geroa Bai, deberían comprometerse de manera inmediata a rechazar un aumento del periodo para calcular la pensión. Recordemos que la financiación de las jubilaciones no tiene por qué limitarse a las cotizaciones: se pueden financiar vía impuestos para garantizar su sostenibilidad.

La movilización es la herramienta para avanzar en las conquistas sociales y tiene que jugar un papel fundamental ante la gravedad de esta reforma, como se ha visto en el Estado francés: vamos a tener que seguir en la calle. Por eso, el lema que repite el movimiento de pensionistas de Euskal Herria -que cumple cinco años, zorionak!- adquiere ante esta reforma aún mayor actualidad: Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.