Demandas extrapresupuestarias

No debe olvidarse que el objeto de los PGE, aquí y en todas partes, es determinar, mediante la ley que los aprueba, la distribución de los gastos públicos sobre la base de la previsión de los ingresos. Y aunque ya se sabe que en la determinación de las partidas presupuestarias intervienen también otros factores además de los propiamente contables, lo que se aprueba en esta ley son las cuentas publicas para el próximo año, y no otras cosas, lo que lógicamente aconseja centrar la discusión en las cuestiones relativas a la distribución de los gastos en los Presupuestos. O, al menos, no dispersar el debate introduciendo, de forma tan forzada como interesada, demandas netamente extrapresupuestario.

El primer trámite es el debate sobre las enmiendas de totalidad; en él, las formaciones políticas formulan sus objeciones al proyecto del Gobierno en su globalidad, reclamando su devolución; o permiten que siga la tramitación, sin que ello implique que se está de acuerdo con todo su contenido. El problema surge cuando para permitir que prosiga la tramitación de los PGE se imponen condiciones que poco tienen que ver con las cuestiones presupuestarias. O, peor aún, que el rechazo total y sin matices al proyecto de los PGE se base en relatos (ahora que el término está de moda) que no tienen nada que ver con el contenido propio de las Cuentas.

No cabe duda de que la tramitación legislativa de los PGE proporciona un escenario privilegiado para que cada formación política publicite sus propias posiciones y las demandas que le interesen, aunque no tengan relación con el debate. Es lo que está ocurriendo en la tramitación de estos Presupuestos (también en ocasiones anteriores), en los que tanto quienes han respaldado la continuación del proceso legislativo en curso como, sobre todo, quienes se han mostrado radicalmente contrarios y han tratado de impedirlo lo han hecho a partir de motivaciones que en la mayoría de los casos son de carácter extrapresupuestario.

No deja de llamar la atención, al menos desde desde la lógica presupuestaria, que una de las condiciones para permitir que continue el proceso sean demandas como la del blindaje del catalán en las plataformas digitales, un tema que puede ser objeto de negociación pero no una condición para aprobar las Cuentas. Más alejadas aún de lo que constituye el objeto de la tramitación presupuestaria son otras reivindicaciones, como la amnistía, la autodeterminación... que también han sido formuladas por quienes comparten el Govern y mayoría parlamentaria en Cataluña; lo que se hace, como resulta obvio, para presionar al socio y rival y al margen por completo de cualquier criterio presupuestario.

Desde posiciones políticas que nada tienen que ver con las anteriores no faltan tampoco quienes aprovechan la oportunidad que brinda este trámite en el Congreso para ejercer la oposición mediante el rechazo total y sin matices al proyecto de Presupuestos. No hace falta formular propuestas concretas alternativas: las del Ejecutivo se descalifican solas por emanar de un Gobierno socialcomunista sustentado por golpistas, separatistas y populistas de toda laya, a los que el sanchismo recompensa presupuestariamente para poder seguir manteniéndose en el poder. A lo que habría que añadir también, según sostienen los valedores de estas posiciones, la colisión con las directrices de la UE, en cuyo marco no tienen cabida.

De todas formas, la tramitación de los Presupuestos no ha hecho más que empezar. El debate sobre las enmiendas a la totalidad ha sido el primer paso, que no puede decirse que se haya dado de la mejor forma ya que las discusiones han girado de forma casi exclusiva en torno a demandas de carácter claramente extrapresupuestario. Ya que no ha sido posible hasta ahora tratar sobre las cuestiones propiamente presupuestarias, aunque el debate sobre las enmiendas de totalidad proporcionaba el marco más idóneo para ello, hay que esperar que podamos hacerlo a partir de ahora en los debates de las próximas semanas con motivo de las enmiendas parciales, que al menos van a tener la virtud de obligar a todos los representantes parlamentarios a hablar de temas presupuestarios.