Crisis institucional, un factor adicional agravante

Pero, además del mayor impacto de los efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, hay un factor adicional, éste propio y específico nuestro, como es la crisis institucional por la que atravesamos. Las crisis de este tipo, al incidir ante todo en el funcionamiento de las instituciones, hacen más complicado adoptar en éstas las decisiones que exige la situación; en especial, cuando ésta viene marcada por una aguda multicrisis -sanitaria, económica, social- que exige dar respuestas simultáneamente a todas ellas.

Se trata, además, de una crisis que afecta a las principales instituciones del Estado. Es el caso del Parlamento, que apenas cumple con sus funciones, como se pone de manifiesto en su escasa producción legislativa durante estos últimos años y, asimismo, en su incapacidad para forjar una mayoría parlamentaria suficiente y estable que pueda dar cobertura a la acción del Ejecutivo. Es también el caso del Gobierno, cuya actividad se ve constantemente lastrada no solo por la falta de esa mayoría parlamentaria clara sino también, como repetidamente tenemos ocasión de comprobar, por el déficit de cohesión entre los integrantes del Gabinete ante cuestiones clave para el desarrollo de su programa.

Pero donde más se hace patente la crisis institucional es en las incidencias (por emplear un término suave) que se vienen sucediendo en relación con el poder judicial. En particular, por lo que se refiere al conflicto desencadenado en torno a su órgano de gobierno -el CGPJ- como consecuencia del bloqueo de las negociaciones para su renovación por parte del primer partido de la oposición, el PP, esgrimiendo el argumento de su desacuerdo con la actitud y composición del Gobierno. Posición insólita desde cualquier perspectiva institucional, además de situarse al margen de la Constitución, que prevé expresamente su renovación en un plazo temporal sobrepasado desde hace casi dos años.

Para completar el cuadro institucional, hay que hacer también una obligada referencia a la jefatura del Estado, que ha irrumpido en el escenario político adquiriendo un protagonismo innecesario en la animada representación a la que estamos asistiendo. No es fácil de entender que un hecho como la presencia o no del Rey en el acto de entrega de los despachos en la Escuela Judicial pueda originar un revuelo mediático e institucional como el que hemos presenciado. Más bien cabe conjeturar que este revuelo, desproporcionado para la entidad del hecho, no sea sino una manifestación más de la crisis institucional general, en la que la jefatura del Estado también se ve afectada.

En este marco, la crisis sanitaria y los efectos económicos y sociales derivados de ella, que constituyen el gran problema al que hay que hacer frente, se ven agravados por una crisis institucional que complica la adopción de las medidas que exige la situación excepcional en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. Es éste nuestro factor diferencial con los países de nuestro entorno, lo que puede explicar el hándicap que en relación con ellos muestran los datos que conocemos. Y también, sin duda, un obstáculo que es preciso despejar lo antes posible para poder afrontar eficazmente la grave situación generada por la pandemia.

Si todas las crisis institucionales plantean problemas, la mayoría de las veces nada fáciles de resolver, la que nos ocupa se da en el momento más inoportuno: en medio de una crisis económica y social, además de sanitaria, aún no controlada. Urge, por ello, ofrecer salidas viables para superarla, lo que depende ante todo de nuestra actitud, manifiestamente mejorable, en las relaciones políticas y con las instituciones. Aunque solo sea para evitar distraernos con problemas que en buena medida nosotros mismos nos creamos y poder concentrar todos los esfuerzos en la resolución de los verdaderos y graves problemas que realmente tenemos, como son los devastadores efectos ocasionados por la pandemia, que en el momento actual distan mucho de estar solucionados.