Europa plurilingüe

Quiero destacar la importancia simbólica que tendría este reconocimiento, pues su uso en los ámbitos institucionales europeos reforzaría el prestigio social de estas lenguas minoritarias y minoradas. Así mismo ayudaría a impulsar su normalización como lenguas de trabajo en ámbitos institucionales y profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas sentiríamos reconocida nuestra identidad lingüística bilingüe y podríamos ver en ello un factor añadido para reforzar nuestra adhesión al proyecto de construcción europea. También significaría que los representantes gubernamentales que en nombre de los Estados participan en la gestión de los asuntos europeos ratifican el carácter plurilingüe de la Unión y asumen que la diversidad lingüística y cultural europea no termina en las 24 lenguas de Estado reconocidas oficialmente hasta el momento.

Esta pluralidad de lenguas y culturas es una de las principales señas de identidad de la sociedad europea y es también uno de los principales retos a los que se enfrenta Europa, en un contexto global en el que el inglés se ha convertido en lengua mundial y es el idioma mayoritariamente utilizado para facilitar la comunicación entre hablantes de diferentes lenguas.

Pienso que Europa será plurilingüe o no será. Y ello exigirá que encontremos el modo para convertir nuestra diversidad en seña de identidad, que aprendamos a gestionarla y trabajemos por reforzar la convivencia democrática entre comunidades humanas con diferentes y variadas expresiones lingüísticas. Preservar este patrimonio cultural exige, en primer lugar, asumir esta diversidad y acertar en los instrumentos y cauces necesarios para asegurar, por un lado, la vitalidad de las diferentes lenguas que lo integran y, a la vez, garantizar la comunicación entre personas de diferentes idiomas.

Las instituciones mundiales han planteado como objetivo estratégico para los próximos años preservar la biodiversidad de nuestros sistemas naturales para hacer del mundo un lugar sostenible. No resultaría fácil de entender que nuestros responsables políticos e institucionales renunciaran a preservar la pluralidad lingüística y cultural que caracteriza la sostenibilidad de la sociedad europea, y no adoptaran para ello las medidas que sean necesarias. Tanto el Gobierno vasco como especialmente el lehendakari Urkullu, en las diferentes aportaciones realizadas sobre el futuro de Europa, hemos insistido en la necesidad de respetar esta diversidad.

En el caso del euskera, el marco constitucional de 1978, la proclamación en el Estatuto de Gernika de la cooficialidad de la lengua vasca y las políticas lingüísticas desarrolladas bajo su amparo están haciendo posible un proceso de normalización sin precedentes en nuestra historia reciente. Tras siglos de aminoración, el conocimiento, el uso y la presencia social del euskera están aumentando en nuestra comunidad. Este proceso se ha desarrollado de forma flexible pero continuada, sin que haya condicionado en absoluto el vigor y la presencia del castellano entre nosotros. Cada vez somos más quienes sabemos castellano y euskera, incluso alguna lengua más, y es lógico pensar que seguiremos en esta senda. ¿Sucederá lo mismo en los otros territorios vascones en los que una cooficialidad ausente o limitada está condicionando el crecimiento y la normalización del euskera?

No sé lo que finalmente la Unión decidirá sobre la petición de oficialidad para nuestra lengua. En cualquier caso, la petición cursada por el Gobierno de España es una buena oportunidad para recordarle sus obligaciones en el ámbito estatal. Seguimos echando en falta, por ejemplo, una apuesta firme de la Administración Ccntral para impulsar la presencia y el uso de las lenguas cooficiales en los trámites administrativos, en la atención al público o en el Poder Judicial. En este sentido sería importante que el Ejecutivo que vaya a asumir el Gobierno de España asuma el compromiso de impulsar el uso normalizado de las «otras lenguas españolas» en su ámbito político y de gestión. Sería la forma adecuada de asumir el mandato constitucional que obliga a todas las instituciones a prestar «especial respeto y protección» a las diferentes modalidades lingüísticas de España.