No se puede repetir
Editorial ·
El Gobierno vasco ha de extremar su colaboración con la Justicia en el fraude de la OPE de Osakidetza, en el que ha actuado a rastrasel correo
Martes, 29 de octubre 2019, 23:41
La consejera de Salud, Nekane Murga, comunicó ayer la suspensión cautelar de los procesos para seleccionar médicos de las once especialidades que investiga un juzgado ... de Vitoria por los indicios de delito existentes en una presunta filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza. La medida coincide con el golpe de efecto de la instructora del caso al incautarse de los ejercicios originales en poder del Servicio Vasco de Salud para analizarlos en un intento de verificar el supuesto trato de favor a determinados opositores y la identidad de quienes lo habrían realizado. La decisión del Gobierno vasco es coherente con la necesidad de preservar la seguridad jurídica y con las sospechas de fraude que pesan sobre esas pruebas. Lo único sorprendente es que no hubiese sido aplicada hasta ahora cuando el escándalo estalló hace casi un año y medio y ya ha costado el cargo a cuatro altos cargos del departamento, incluido el consejero Jon Darpón. Desde que salieron a la luz las primeras denuncias de irregularidades, cuya gravedad se esforzó en vano en minimizar, el Ejecutivo ha actuado a destiempo y a rastras de los acontecimientos en un caso que ha puesto de manifiesto un intolerable favoritismo en la adjudicación de plazas de la Sanidad pública.
Los profundos cambios anunciados en las OPE del sector constituyen un reconocimiento implícito de que el modelo vigente no garantizaba la limpieza y la igualdad de oportunidades exigibles. Resulta alarmante que los mecanismos de control que debían velar por la más escrupulosa pulcritud en el proceso no impidieran ni detectaran supuestos amaños que eran 'vox populi' desde hace años, según el demoledor informe que la Fiscalía hizo llegar al juzgado. Las once pruebas suspendidas son las que ha puesto bajo sospecha el Ministerio Público a pesar de que, hasta ahora, solo han sido imputados tres miembros de los tribunales calificadores de Anestesia, Angiología y Aparato Digestivo. El Gobierno vasco debe ser el primer interesado en el esclarecimiento de los hechos. La plena colaboración con la Justicia que ha prometido la consejera de Salud, que debe materializarse en hechos, ha de contribuir a ello y a la delimitación de las responsabilidades penales que, en su caso, correspondan por un escándalo que ha dañado la imagen y la credibilidad de la Administración y que bajo ningún concepto puede repetirse.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión