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Por quinto año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado han tenido una tramitación completamente anómala, lo que ya va camino de convertirse en una constante de nuestro ajetreado proceso político. Tanto los anteriores Presupuestos de 2018 como los precedentes de 2017 fueron tramitados en las Cámaras fuera de los plazos previstos y no pudieron ser aprobados hasta mediados del mismo año en que entraban en vigor, lo que constituye una práctica presupuestaria manifiestamente anómala. En 2016 ni siquiera hubo tramitación de los Presupuestos, debido esta vez a la disolución de las Cortes cuando apenas habían transcurrido tres meses desde su constitución. Y en 2015 se produjo el hecho insólito de la presentación de los Presupuestos en julio para su discusión en pleno periodo vacacional, con el fin de que estuviesen aprobados antes de la convocatoria, en octubre 2015, de las elecciones.

Este año, el tema de los Presupuestos nos ha llevado más lejos, hasta situarnos en un escenario electoral, que a día de hoy no deja de resultar particularmente incierto. No se trata ya de anomalías en su tramitación, como ha venido siendo la norma habitual estos últimos (cinco) años, sino que, además de ello, en esta ocasión la frustración presupuestaria ha supuesto, ni más ni menos, el final de la legislatura cuando aun faltaba casi año y medio (verano de 2020) y tres periodos de sesiones completos (los dos de este año y el primero del siguiente) para su conclusión. Y no hay que perder de vista que la imposibilidad de aprobar los Presupuestos para este año ha respondido, ante todo, a motivaciones completamente extrapresupuestarias que nada tienen que ver con el propio contenido de las Cuentas.

Quizá sea éste el hecho que mejor ilustra el anormal comportamiento en relación con los fallidos Presupuestos del año en curso, ya que en esta ocasión no se ha tratado de una tramitación presupuestaria irregular, como ha venido ocurriendo en los años anteriores, sino que esta vez lo que ha ocurrido es que no ha habido ninguna tramitación, ni tampoco debate alguno sobre el contenido de los Presupuestos. No deja de ser sumamente ilustrativo a este respecto que la propia presidenta del Congreso se viese obligada a llamar la atención de los intervinientes en la sesión parlamentaria dedicada al debate sobre las enmiendas a la totalidad, instándoles a que hablasen sobre las cuestiones presupuestarias, que eran (o debían ser, al menos) el objeto de la ley que se estaba debatiendo en el Congreso.

A falta de debate presupuestario, se ha aprovechado el escenario privilegiado que siempre proporcionan las sesiones plenarias del Congreso sobre los Presupuestos Generales del Estado para discutir de todo…. menos de los Presupuestos. Como no podía ser de otra forma, máxime teniendo en cuenta que la sesión parlamentaria coincidía con la apertura del proceso sobre el 'procès' en el Tribunal Supremo, Cataluña ha sido uno de los temas estelares. Pero en esta ocasión no para debatir sobre la insuficiencia de las asignaciones presupuestarias ni tampoco sobre los desequilibrios de las balanzas fiscales en relación con Cataluña, lo que en el marco de una discusión presupuestaria puede tener encaje, sino para condicionar el apoyo (o, en su caso, el rechazo, como así ha ocurrido) a los Presupuestos en función del curso que pudiera seguir el desarrollo del proceso que se sigue en el Supremo.

No han faltado tampoco otros muchos temas, todos ellos con escasa, o nula, relación con las Cuentas, que era lo que, en principio, se trata de discutir y de aprobar en toda Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, hay que reseñar las referencias al famoso 'relator' en los contactos entre la Generalitat y el Gobierno, a la «traición» del jefe de Gobierno (lo que, con la Constitución en la mano, art. 102.2, constituye un gravísimo delito), a la «felonía» (esto no constituye delito ni tiene encaje constitucional…todavía, pero todo puede andarse); y hasta Maduro y Venezuela han entrado en liza en la discusión presupuestaria, lo que no aunque no tenga mucho que ver con el tema sirve muy bien para animar un poco más el cotarro.

Pero lo que realmente se ha convertido en la cuestión central de lo que, en principio, debía ser la discusión anual (aunque fuera a destiempo, como viene siendo habitual en los últimos años) sobre las Cuentas del Estado, ha sido el fin de la actual legislatura y, como consecuencia de ello, la convocatoria anticipada de elecciones para el 28 de abril, que en esta ocasión hay que añadir a las locales y europeas un mes más tarde. De esta forma el no-debate presupuestario, si bien no ha servido para tratar nada sobre la distribución del gasto público, sí ha servido, en cambio, para escenificar el primer acto de la tricampaña electoral en la que ya estamos metidos. No tenemos Presupuestos, pero a cambio vamos a tener elecciones (por partida triple, además), que siempre pueden dar lugar a trifulcas más divertidas que las áridas discusiones presupuestarias.

Unas elecciones que, aparte de ser la consecuencia de una frustración presupuestaria, lo que no es la mejor forma de ir a las urnas, se presentan particularmente inciertas en cuanto a su resultado final, así como por lo respecta a la evolución del proceso en curso de reconfiguración del mapa político actual. De todas formas, mientras se despejan estas incertidumbres electorales y aprovechando la próxima cita con las urnas, no estaría de más dedicar la atención debida a las cosas de comer, que es de lo que se ocupan los Presupuestos y que han quedado aplazadas al no haber podido ser objeto de debate durante su fallida tramitación. Cabe esperar del escenario electoral que ahora se abre que, al menos, nos proporcione una oportunidad para poder tratar adecuadamente sobre todos estos temas sin que tengamos que esperar otro año más hasta que se tramiten los próximos Presupuestos.

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