Una mayoría entre hilvanes

La celeridad con la que Sánchez e Iglesias intentaron salir al paso de otras posibles fórmulas y de las especulaciones consecuentes contrasta de forma clamorosa con la impasibilidad mostrada por el presidente en funciones tras el 28-A hasta abocar al país a unas segundas elecciones, absolutamente innecesarias, como demuestra el compromiso alcanzado apenas unas horas después del escrutinio del domingo. También choca con los mensajes de equidistancia hacia su izquierda y su derecha que el candidato socialista mantuvo hasta el último día de campaña. Quienes este martes se conjuraron para constituir un Gobierno sumaron diez escaños menos en las urnas que en abril, con un arco parlamentario aún más fragmentado y las opciones de centro-derecha lastradas por el auge de Vox.

De modo que la instantánea de este martes, que rememoró el retrato de los dos mismos dirigentes firmando un acuerdo presupuestario para el presente año rechazado finalmente por el Congreso, dejó en evidencia la desastrosa gestión que ambos hicieron de los votos obtenidos en abril. Aunque deberá ser Pedro Sánchez quien se retraiga de muchas de sus palabras, que le llevaron a vetar a Iglesias para acabar realzando sus diferencias con Unidas Podemos y desechar un Gobierno de coalición en busca de la «mayoría cautelosa». Hoy siguen ahí los problemas a los que se refirió para rehuir ese pacto en la esperanza de que el 10-N le concedería un mayor margen de maniobra. Y aunque en términos relativos y en escaños Unidas Podemos ha perdido más apoyos que el PSOE, éste no tiene otra salida que concederle a Iglesias lo que le negó en verano -incluida una vicepresidencia- para alcanzar «un Gobierno rotundamente progresista».

La «promesa de lealtad» que este martes escenificaron Sánchez e Iglesias no asegura ni una alianza coherente desde el punto de vista programático, ni una mayoría suficiente para garantizar la estabilidad ni un punto de partida idóneo a la hora de entretejer pactos de Estado. Cada uno de los diez puntos de la declaración de intenciones contiene, en el fondo, todo un catálogo de desavenencias que ambas formaciones debieran superar también de inmediato, empezando por la cuestión crucial del déficit público y el alcance de la reforma laboral. Además, tanto el trámite de investidura como la gobernabilidad posterior obligan a los promotores del nuevo Ejecutivo a recabar apoyos mediante sus correspondientes concesiones, sin que la aritmética parlamentaria ofrezca un sinfín de posibilidades.

La necesidad de un horizonte consensuado sobre el sistema de pensiones o sobre la política europea y exterior se convierte en una dificultad añadida a la que se enfrenta el acuerdo. Aunque su obstáculo inminente se encuentra en la crisis catalana. «Fomentar el diálogo en Cataluña buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución», como establece el documento, es un desiderátum hoy imposible mientras las fuerzas independentistas continúen pugnando entre ellas por la concesión de la autenticidad identitaria y republicana.