Justicia no independiente e indultos

Justicia no independiente e indultos
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Pedro Ibarra*
PEDRO IBARRA*

Hace unas semanas el ministro Grande Marlaska, en una entrevista sobre el juicio de los políticos independentistas catalanes, se mostró contundente en la defensa de la independencia judicial. Su argumento fundamental era que dado que los jueces eran grandes profesionales tenían que ser independientes. Sin duda, los jueces en su profesión conocen las leyes y los procedimientos judiciales, pero interpretan la ley y la aplican teniendo en cuenta determinados hechos y conductas con sus correspondientes distintos resultados. Se puede interpretar la ley de distintas maneras y se pueden considerar los hechos también de muy distintas maneras. Convicciones sociales y políticas por parte de algunos magistrados que expresan una especial animosidad y correspondiente deseo de castigo a determinadas propuestas y conductas sociales y políticas, más allá -mucho mas allá- de que las mismas constituyan a un delito y animosidad también en sentido inverso con especial aprecio y solidaridad a otras conductas y propuestas político sociales. Animosidad y deseo de castigo o aprecio y actitud solidaria que orientan en última instancia la decisión judicial correspondiente

Convicciones de origen ideológico, situadas tanto en el propio juzgador, como en otras personas o grupos o poderes políticos. La dependencia interna de las convicciones del propio juez con su correspondiente decisión se refuerzan en cuanto que coincide con las convicciones provenientes del poder exterior. Podríamos decir que depende con alegría de las mismas. Además, en muchos casos la dependencia de instituciones exteriores para acceder a sus cargos les lleva a compartir las convicciones del poder a la hora de tomar decisiones. Una dependencia quizá menos alegre, pero quizás… más necesaria

Hay dependencia también en el caso de los indultos. Se indulta alguien -es decir, se le saca de la cárcel- no porque el proceso de aplicación de la ley sobre determinados hechos y su ejecución lleve a establecer esta liberación de condena, sino porque, más allá de este proceso, la ejecución de la condena está determinada por otras instancias con otras convicciones basadas en relaciones de defensa, solidaridad, amistad y protección. Depende de un poder exterior que cambia el cumplimiento de la condena a favor de la liberación. El caso habitual es el de la aplicación del indulto a los amigos, servidores, correligionarios del poder político.

Es un caso que podríamos denominar de dependencia expresamente impuesta. El poder ejecutivo establece un cumplimiento de sentencia distinta a la establecida por el juez correspondiente. Que en muchos casos esa decisión alegre a los jueces porque coincide con sus convicciones es otra historia. Formalmente es una dependencia impuesta. Recordar a responsables del GAL (27 asesinatos y más de 100 heridos), Rodríguez Galindo, Barrionuevo, Vera, Elgorriaga, Vaquero y una larga lista de condenados, vinculados la mayoría al PSOE o su administración, con condenas de hasta 71 años algunos y que, tras pocos meses de cumplimiento, con indultos parciales o totales se fueron a la calle y algunos como Rodríguez Galindo con condicional inmediata por supuesta enfermedad.

Asimismo, han sido siempre tradicionalmente indultados los casos juzgados y sentenciados de torturadores de la Guardia Civil y Policia Nacional…

Ejemplos de ciudadanos liberados del cumplimiento de sus penas por ser del poder, del entorno del poder o gratos al poder.

La dependencia en el extremo contrario es la política penitenciaria respecto a los presos de la ya desaparecida organización ETA, la mayoría de ellos sin delitos de sangre. Ni traslados, ningún supuesto de libertad condicional, ningún cambio de grado, etc. Todo lo contrario, máximo agravamiento y castigo en el cumplimiento de la condena. La ejecución de las penas impuestas judicialmente depende de unas convicciones situadas en el poder que establece una estrategia en estos casos dirigida a considerar el condenado no como ciudadano sino como un enemigo.

En ambos casos la ejecución depende de la concepción distinta que tiene el poder político sobre ese ciudadano condenado. En un caso es considerado un ciudadano ejemplar solo porque es amigo del poder o en muchos casos es el poder. En otro caso es considerado un ciudadano a castigar al máximo porque es enemigo del Poder. El principio de la Justicia por el que todos somos iguales ante la ley se viene abajo de forma estrepitosa.

Una parte mayoritaria de la sociedad vasca se ha movilizado hasta ahora y sin ningún resultado para exigir -de acuerdo con la ley- que se apliquen los beneficios penitenciarios a los presos de ETA. Pero quizás también haya llegado el momento de plantearse si no habría que demandar el mismo trato para todos los ciudadanos, se les considere amigos o enemigos. Acabar con la radical arbitrariedad existente y conceder también el indulto a los actuales presos de ETA, en un plazo razonable de tiempo.

Mientras tanto, que se les apliquen todos los beneficios penitenciarios que se otorgan a los ciudadanos comunes. Sin descalificaciones ni excepciones previas. Y ya.

* También firman este artículo: José Manuel Castells, Joxerramon Bengoetxea, Baleren Bakaikoa y Jon Gurutz Olaskoaga