Franco y las formas

La familia Franco, que debería estar prudentemente agradecida por la elegancia con la que los demócratas de este país nos hemos comportado cuando, tras la ominosa dictadura, ya se podía decir lo que se pensaba, ha argumentado «las formas» del Gobierno para anunciar que «bajo ningún concepto» colaborará «activa o pasivamente» en la exhumación del general. Además, dicen ser los «únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales» del autócrata. Curiosamente, también la oposición conservadora saca a colación «las formas» para criticar con trazo grueso al Gobierno por cumplir una de sus promesas, que es precisamente la de resolver esta situación escandalosa en que un dictador repose en un túmulo fastuoso arropado por la Iglesia, sostenido con fondos públicos y exhibido para solaz de nativos y turistas.

En este asunto lo realmente trascendental es que, por unas razones o por otras, se ha ido aplazando una determinación en la que todos los demócratas estamos de acuerdo. No es razonable que se mantenga el statu quo que ratifica el dislate y esta evidencia le concede una urgencia largamente experimentada, aunque quienes debieron haber tomado las crudas decisiones, de derechas y de izquierdas, han optado por mirar hacia otro lado.

Ya sabemos que el PSOE gobernó 14 años con el 'Caudillo' en el Valle de los Caídos, pero ¿y qué? Ahora, pásmense, las formas se quebrantan -aseguran el PP, Ciudadanos y la familia de Franco- por recurrir al decreto-ley que, según el artículo 86.1 de la Constitución, sólo podrá aplicarse «en caso de extraordinaria y urgente necesidad». No es descabellado considerar «extraordinario» el asunto de la exhumación, ni ha dejado nunca de resultar «urgente» la reconversión del Valle de los Caídos desde la normalización de la democracia en este país.

Siempre es urgente restaurar la dignidad nacional. El desarrollo de la institución del decreto-ley en nuestro país no respalda gran rigidez en los criterios. Rajoy lo usó en la legislatura 2011-2015 en 76 ocasiones. Seguía la estela de Aznar, quien, en su primera legislatura, recurrió a él 65 veces. Seguro que la «extraordinaria y urgente necesidad» adquirió gran elasticidad en aquellos precedentes que no sientan jurisprudencia pero que sí admiten una razonable y laxa interpretación política, que los tribunales apenas han corregido mínimamente. Lo que sucede es que aquí la política no tiene la 'grandeur' suficiente para arrinconar las diferencias partidarias y, en un gesto de magnanimidad, resolver por consenso algún desaguisado del que conviene liberar al país. En nuestro escenario público, no se pierde jamás la oportunidad de ganar un voto ni de desacreditar al antagonista, ni de mejorar la propia posición. Por eso la ciudadanía está airada y ha dejado de creer en el sistema y en los políticos. Ni siquiera un caso como este es posible que el rebuzno ceda y la elegancia asome para dar una solución a un anacronismo que nos deja en ridículo en la comunidad internacional.