Hasta el final

Cuando estalló el escándalo de la OPE de Osakidetza, Jon Darpón tuvo la cautela de no poner la mano en el fuego por la limpieza de las oposiciones, aunque suya era la obligación última de garantizarla como máximo responsable de la Sanidad pública vasca. Las denuncias cuya solvencia cuestionó entonces el consejero de Salud se han convertido, meses después, en serias sospechas de 'enchufismo' que no solo han forzado al Servicio Vasco de Salud a anular varios exámenes con amaños palmarios, sino que constituyen indicios de un delito de revelación de secretos, según la Fiscalía. Once pruebas para seleccionar médicos especialistas están en el ojo del huracán. El cúmulo de abrumadoras irregularidades apreciadas por el Ministerio Público y puestas a disposición de un juzgado para que depure eventuales responsabilidades penales evidencia un presunto fraude de enorme magnitud, inadmisible en una Administración que funcione con unos mínimos criterios de transparencia y respeto a la igualdad de oportunidades.

El desgaste político del consejero le ha puesto contra las cuerdas, hasta el extremo de que él mismo ha insinuado que su continuidad en el Gobierno vasco depende de que el Parlamento no le repruebe el próximo 21 de marzo. Para ello necesita del PP, que se niega a respaldarle. El escándalo es el más serio en el que se ha visto envuelto el Ejecutivo en las últimas décadas. Adquiere especial gravedad, además, por afectar a la exigible pulcritud en el acceso a la función pública y por dañar la imagen de uno de los pilares básicos del autogobierno de Euskadi: Osakidetza. El prestigio acumulado por el buen hacer durante años de los gestores y profesionales de la Sanidad pública vasca, uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía, no puede quedar empañado por un burdo favoritismo en la elección de su personal y por la torpeza con la que han actuado sus responsables en la OPE. Las corruptelas descubiertas, que eran poco menos que 'vox populi' desde hace años según los testimonios recogidos por la Fiscalía, y otros casos en los tribunales emborronan el supuesto oasis vasco del que presume el nacionalismo y emplazan al PNV -al frente del Departamento de Salud- a actuar con la máxima contundencia. El Gobierno de Urkullu está obligado a llegar hasta el final en el esclarecimiento del fraude, a arbitrar las medidas necesarias para que no se repita -algunas ya ha esbozado- y a colaborar activamente con la Justicia para que, si los comportamientos detectados fuesen constitutivos de delito, no quedaran impunes. Así también se defiende nuestro autogobierno.