Expectativas para una mesa de diálogo

No obstante, hasta que no se celebren los comicios en Cataluña, aún sin fecha de convocatoria, no puede esperarse gran cosa de esta mesa de diálogo y se abre un tiempo muerto hasta el veredicto de las urnas. En realidad, la auténtica negociación no se verificará en la mesa de diálogo oficial, que quedará constituida el miércoles, sino en las conversaciones a puerta cerrada entre ERC y PSOE, con la mediación de Unidas Podemos, que serán trasladadas a dicha mesa.

Para ERC la mesa de diálogo se proyecta como la demostración de su utilidad política y de su capacidad de obligar al Gobierno de España a aceptar una negociación, frente al maximalismo estéril de los sectores más radicales del secesionismo. En sentido opuesto, Junts per Catalunya, fagocitada por Carles Puigdemont y Quim Torra, afirma ser partidaria del diálogo, pero en realidad busca boicotearlo para remachar su argumento de que con España no hay nada que hacer ni que hablar, excepto las condiciones del referéndum de autodeterminación. Prueba de ello es su insistencia en la figura del relator internacional, sabedores de que se trata de una exigencia inaceptable para el PSOE y de que ERC no lo considera imprescindible para iniciar el diálogo.

Esta discrepancia será un factor capital en la campaña electoral catalana, una de cuyas claves será resolver la interminable pugna por la hegemonía del movimiento independentista entre ERC y Junts. Tampoco la derecha españolista de Vox, PP y Cs facilitará las negociaciones y hará todo lo posible e imposible para boicotearlas. Por ello, la condición necesaria para su éxito radica en que ERC se imponga en las elecciones y consiga la presidencia de la Generalitat.

Ahora bien, incluso entre las formaciones partidarias de que la negociación llegue a buen puerto, los objetivos son bien distintos y distantes. El PSOE busca lograr un acuerdo con ERC mediante una serie de concesiones relativas al blindaje de las competencias autonómicas, la profundización del autogobierno y la reforma del sistema de financiación. La meta es alcanzar -Adriana Lastra dixit- un pacto semejante al suscrito en la Transición que permitió cuarenta años de convivencia (o conllevancia por utilizar la expresión de Ortega y Gasset) entre el Estado y el nacionalismo catalán. Este acuerdo se proyectaría como un gran éxito político al pacificar un grave conflicto que amenaza con un enquistamiento insoluble de la crisis territorial y con extenderse al resto de España.

ERC persigue un pacto que le permita ganar tiempo y generar las condiciones políticas y sociales para ampliar la base de los apoyos al independentismo, que sólo pueden venir de la Cataluña metropolitana y castellanohablante. De ahí su interés en obtener la mayoría suficiente y sellar un pacto de izquierdas con los Comunes. Esta hipotética mayoría social sería la condición necesaria para proclamar de nuevo la independencia; al menos esta parece ser la lección extraída por los dirigentes de ERC de los errores de la vía unilateral. Al mismo tiempo, podría presentarse como una opción política útil que, mientras llegue el gran día, ha arrancado importantes concesiones al Estado.

Con estos puntos de partida y objetivos tan distantes será muy difícil, aunque no imposible, alcanzar un acuerdo. Así, mientras el límite de las concesiones del PSOE se halla en la legalidad constitucional y estatutaria, ERC propugnará algún mecanismo legal para ejercer el derecho a la autodeterminación. Aunque aquí podrían encontrarse soluciones 'imaginativas' como la recuperación de los artículos del Estatut anulados por el Tribunal Constitucional o una reforma de la Carta Magna cuando existan las mayorías suficientes para ello.

Ambos actores políticos estarán sometidos a una fuerte presión y a graves acusaciones de signo contrario, pero con recriminaciones semejantes de 'alta traición' a la patria. La triple derecha españolista ya acusa al PSOE de claudicar ante las insaciables exigencias del independentismo y de poner en peligro la unidad nacional. Los sectores fundamentalistas del secesionismo imputarán a ERC plegarse a las exigencias del odiado Estado español y renunciar al objetivo de la independencia.

Así pues, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, la mesa de diálogo podría suponer un elevado coste político para PSOE y ERC en un contexto de extrema polarización de las pasiones nacionalistas, españolas y catalanas, exacerbadas por una década de proceso soberanista. Y lo que es peor, de fracasar las negociaciones, se ahondaría un conflicto que ha fracturado la sociedad catalana. En consecuencia, ambos actores se verán compelidos a llegar a algún tipo de acuerdo.