Europa rechaza la reducción de penas

El alejamiento del principio de legalidad, apreciable en el 'caso Parot', lleva ahora a Estrasburgo a negar a otros presosde ETA una mejora de su situación penitenciaria

Europa rechaza la reducción de penas
Josu de Miguel Bárcena
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA

Hace ahora cuatro años, varios presos de ETA comenzaron a cuestionar el modo en el que había que acumular las penas cumplidas en otros países, para que el global de la condena de los reos pudiera ser reducido en España. La Sección Primera y Segunda de la Audiencia Nacional emitieron dos pronunciamientos contradictorios a la hora de interpretar el modo en el que debía ser computado el tiempo que diversos miembros de ETA pasaron en Francia en la cárcel. La acumulación de condenas conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende hacer efectivas las previsiones del Código Penal en lo referente a los tiempos máximos de cumplimiento efectivo en los supuestos de condenas diferentes por varios delitos.

Con respecto a las penas impuestas y cumplidas en el extranjero, todo depende de la existencia de tratados que establezcan mecanismos de cooperación para la ejecución de sentencias, incluso en lo que se refiere a las disposiciones que afecten a la reducción de la duración de la pena privativa de la libertad. En este sentido, es importante recordar que la Unión Europea (UE), en el contexto de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, aprobó una decisión marco en el año 2008, que estableció una obligación mínima para los Estados miembros al objeto de tener en cuenta las condenas pronunciadas por otros países miembros. El problema esencial es que esa decisión marco debió haber sido desarrollada por España antes del 15 de agosto de 2010, y las Cortes Generales no la transpusieron al ordenamiento nacional hasta el 3 de diciembre de 2014, mediante la Ley Orgánica 7/2014.

De este modo, la posible reducción de condenas a miembros de ETA por penas cumplidas anteriormente en otro país de la Unión Europea dependía en primer lugar de que los tribunales interpretaran que la decisión marco de 2008 tenía efectos jurídicos en España, pese a que no había sido desarrollada por el legislador nacional hasta diciembre de 2014. Es importante recordar que el Tribunal de Justicia de la UE ha señalado que las decisiones marco europeas son en cierto sentido asimilables a las directivas comunitarias, por lo que si los poderes públicos nacionales no cumplen diligentemente con su trasposición al Derecho Nacional, éste debe ser interpretado teniendo en cuenta el contenido de aquellas. Se consigue así el efecto útil del Derecho Comunitario.

La Ley Orgánica 7/2014 señaló que «en ningún caso» serían tenidas en cuenta para la acumulación las condenas dictadas por un tribunal de otro Estado miembro de la Unión «con anterioridad al 15 de agosto de 2010». Pese a que ello podía ser contrario al Derecho Comunitario, al existir un desfase temporal de dos años en la aplicación de la retroactividad favorable, el Tribunal Supremo rechazó la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, y ratificó en enero de 2015 el criterio establecido por el legislador español. Por lo tanto, no serían tenidas en cuenta las condenas previas al año 2010 en Francia para recalcular las condenas que los presos de ETA tenían que cumplir en España. Algunos de estos reclusos recurrieron la decisión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Constitucional denegara la admisión de sus respectivos recursos de amparo.

Los jueces de Estrasburgo dan la razón a los demandantes en términos procesales (artículo 6 del convenio) por el modo en el que el Constitucional rechazó la admisión del amparo tras la sentencia del Supremo. Entiende el Tribunal de Derechos Humanos que el Constitucional fue contra su propia jurisprudencia al recriminar a los recurrentes que no hubieran agotado todas las vías ordinarias, condenando al Estado al pago de una indemnización compartida de 4.000 euros. El legislador debería tomar nota de esta sentencia y eliminar el recurso de nulidad de actuaciones, que al margen del caso concreto solo ha añadido confusión y gastos procesales al sistema de garantías de derechos fundamentales en España.

En cuanto al fondo, referido a una posible vulneración del artículo 7 del convenio, el tribunal de Estrasburgo sigue la argumentación que sirvió para acabar con la 'doctrina Parot'. Considera que entre las sentencias de la Audiencia Nacional y la casación del Supremo no se produjo una «práctica jurisprudencial o administrativa» que hubiera consolidado en el tiempo «expectativas legítimas» por parte de los interesados en cuanto una interpretación estable del Derecho Penal que implicara una reducción de condenas. Se elude así tener que entrar a valorar si había una incongruencia entre el Derecho Comunitario (decisión marco) y la transposición hecha por el legislador español, asunto que solo podría haberse resuelto mediante un pronunciamiento previo del Tribunal de Justicia de la UE.

Sea como fuere, hay algo de paradójico en esta sentencia: el alejamiento del principio de legalidad apreciable en la resolución del 'caso Parot', que confundía derechos con expectativas, lleva al tribunal de Estrasburgo a negar a otros presos de ETA una mejora de su situación penitenciaria. Cosas del casuismo judicial.