La vivienda, en el centro
La reforma fiscal y la colaboración municipal deben contribuir a aumentar la oferta en venta y alquiler, sobre todo para los jóvenes
La dificultad de acceso a la vivienda, tan presente a pie de calle y en las demandas ciudadanas en un periodo de sucesivas citas electorales, ... ha terminado por situarse en el centro de la preocupación de las instituciones. Desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se comprometió en su discurso de reelección a impulsar iniciativas asequibles para la demanda joven, hasta el recién estrenado Gobierno vasco, que ha reunido estos días el Foro Social creado hace dos años. En la actitud de los responsables públicos aflora la evidencia de que encaran un problema «que no tiene solución a corto plazo», en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo; «que no se puede afrontar con soluciones sencillas», según el lehendakari Imanol Pradales. Los datos avalan la dificultad del desafío. En la mayoría de las capitales el número de pisos de venta libre descendió un 6% en el segundo trimestre -un 11% en Bilbao-. Se estima que los precios crecerán un 4% este año. Euskadi es la segunda comunidad autónoma con más viviendas protegidas iniciadas por habitante. Pero el ritmo de construcción es insuficiente.
El alquiler también sufre escasez de oferta y precios disparados. El arrendador tradicional se duele por un lado de inseguridad jurídica a la hora de hurtar su propiedad al mercado y, por otro, cae rendido a la fácil rentabilidad de la opción turística. Escasean los pisos para comprar o alquilar en un momento de demanda creciente, una coyuntura dramática que complica la emancipación de jóvenes con empleos precarios, salarios insuficientes e imposible acceso a un crédito caro.
Pasarán meses antes de que las medidas esbozadas ahora lleguen a tomar cuerpo. Euskadi suma la falta de suelo edificable a la insuficiente oferta residencial. El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, apuesta por aprovechar al máximo el terreno disponible y «quitarse el miedo a construir en alto», además de reclamar la imprescindible colaboración de los ayuntamientos en los cambios de uso de bajos y lonjas. No parece el momento de atender las propuestas de reducir la reserva de vivienda protegida, y sí de trabajar con los constructores para disponer de mano de obra especializada. La reforma fiscal que debaten el Gobierno y las diputaciones se presenta como un instrumento que debe aprovecharse para responder a las necesidades de los ciudadanos.
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