El nuevo récord de recaudación fiscal con el que Euskadi cerró el pasado año muestra la solidez con la que la economía vasca ha afrontado ... las turbulencias derivadas de la guerra en Ucrania. Los 17.130 millones de euros ingresados por las haciendas forales, un 7,3% más, resumen el buen comportamiento del empleo, la favorable evolución de los beneficios empresariales en un contexto de fuerte ascenso de los costes de producción y la resistencia de un consumo penalizado por la escalada de la inflación que, a su vez, engrosa el IVA. Esas cifras, de las que se nutren las instituciones vascas para financiar sus competencias, retratan una meritoria respuesta a una coyuntura de gran complejidad. Resulta llamativo, sin embargo, que el ascenso de los tributos sea apenas la mitad del registrado en el conjunto de España, lo que se explica, aunque solo en parte, por la deflactación de las tablas del IRPF para compensar el alza de los precios y la puesta en marcha de una ayuda de 200 euros a las rentas más bajas. A ello se suman las diferencias en la estructura de ambas economías y un crecimiento de la nacional -5,5%- superior en más de un punto al 4,3% estimado para nuestra comunidad, entre otros factores.
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El Consejo Vasco de Finanzas aprobó ayer la liquidación fiscal del último ejercicio con la previsión de que en el actual Euskadi volverá a alcanzar otro máximo recaudatorio, al margen de los 400 millones que espera por los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, cuyo destino aún está por definir. La extrema cautela con la que el Gobierno y las diputaciones realizan sus cálculos tributarios concede credibilidad a esa eventual mejora que, aparte de aliviar sus cuentas y las de los ayuntamientos, tendría especial valor al coincidir con un intenso enfriamiento de la actividad, que ofrece ya los primeros síntomas y permite augurar unos meses complicados. El consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha admitido que el incremento del PIB estará por debajo del 2,1% que sirvió de base para elaborar los Presupuestos.
En ese escenario, la reforma tributaria que debatirán las Juntas Generales tras las elecciones del 28 de mayo ofrece la posibilidad de actualizar nuestro modelo impositivo con los ajustes que sean convenientes para asegurar la prestación de unos servicios públicos de calidad e impulsar la economía y el empleo mediante un reparto equilibrado de los esfuerzos precisos para hacerlo posible.
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