Democracias iliberales

El proceso de 'iliberalización' de la democracia también tiene lugar en España y principalmente a consecuencia de la no resolución del conflicto de Cataluña. Lo ha estudiado con detalle Ignacio Sánchez Cuenca en su libro 'La cuestión nacional. La democracia española ante la crisis catalana'. La respuesta del Estado al conflicto catalán ha deteriorado nuestra cultura política, ha acercado la democracia española, en no pocos aspectos, a las democracias iliberales y ha potenciado a la extrema derecha. De esta deriva son también responsables algunos políticos catalanes y las decisiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre de 2017 son una penosa muestra de ello en la medida en que suponían una injustificable exclusión de las minorías.

El liberalismo que se echa en falta no tiene nada que ver con la ideología liberal sino con el equilibro de poderes y el respeto a las minorías. No tiene nada en común con Ciudadanos, un partido sedicente liberal, que me atrevería a decir que es uno de los partidos menos liberales. Hace unos días, uno de sus líderes afirmaba que su bajón electoral se debía a la polarización política, como si ellos no hubieran contribuido a ella con entusiasmo y aprovechamiento. A mí esto me recuerda a la razón que daban los americanos antes de la invasión de Irak ante la pregunta acerca de cómo sabían que los iraquíes tenían armas: porque tenemos las facturas. Quien ha tensionado al máximo la vida política no puede quejarse luego de que esta polarización que le proporcionó grandes dividendos en otros momentos le arrastre ahora en el momento en el que hay otros partidos que gestionan mejor esa tensión.

¿Es exagerado hablar de que la democracia española está adquiriendo crecientes rasgos de las llamadas democracias iliberales? A mi juicio, es una preocupación que tiene su fundamento en la degradación del debate político y en su extrema nacionalización. La decisión de situar las elecciones en pleno estallido de la sentencia a los líderes catalanes y la elección de la identidad nacional como el tema central de confrontación fue un error que estaremos lamentando durante mucho tiempo. Con tal agenda era inevitable que el debate político (por llamarlo de algún modo) girara en torno a ver quién tenía la bandera más grande. Y nadie puede extrañarse de que ese contexto fuera fértil para el crecimiento de la extrema derecha, en un terreno que le es más cómodo que cualquier otro.

El listado de los daños para la calidad democrática incluye -además de la penosa sentencia del mes pasado contra los políticos catalanes y dirigentes de movimientos sociales- el proyecto de recuperación del delito de convocatoria de referéndum, una concepción regresiva del orden público, una restricción del derecho de manifestación y de protesta, la judicialización de la política o el reciente proyecto de control sobre el espacio digital. En la base de todo ello hay un menosprecio del diálogo como procedimiento para resolver las diferencias políticas y de la pluralidad que constituye a una sociedad democrática. El nuevo Gobierno que resulte de las actuales negociaciones tendrá como una de sus primeras tareas revertir esta deriva y 'liberalizar' una democracia que se estaba degradando.

Todo este envilecimiento del espacio público pone de manifiesto que el debate territorial no es una cuestión solo identitaria sino que afecta a la calidad de la propia democracia. Cuando a los conflictos territoriales no se les da una solución democrática, todo se estropea. Urge encauzar democráticamente este conflicto y merece ser atendido el reciente llamamiento que se hace en este sentido en el manifiesto de un buen número de intelectuales (http://www.publicpetitioncatalonia.eu/).

Cuando hablo de solución democrática, esto no significa necesariamente que se debería hacer lo que dicen los soberanistas (un referéndum de autodeterminación), pero tampoco la rígida apelación a la legalidad constitucional sino la apertura de un espacio de diálogo, de final abierto e indeterminado, de acuerdo con las mayorías que lo respalden y que lógicamente debería tener la correspondiente ratificación popular.

Una última reflexión que tiene que ver con cierto cambio de escenario que me parece que no ha sido suficientemente advertido. Hasta ahora el conflicto territorial afectaba únicamente a la izquierda, que le llevaba a un terreno incómodo y le dificultaba los acuerdos con los soberanistas. El surgimiento de Vox (en buena parte a costa del PP, que podría haber tenido un mejor resultado en estas elecciones) pone de manifiesto que la no resolución del conflicto catalán también afecta negativamente al PP, que ahora puede tener un incentivo para pasar a formar parte de la solución. No digo que lo vayan a abordar (ni por supuesto que deban hacerlo en contra de sus convicciones), sino que pueden tener un cierto interés en que este tema irresuelto no se convierta en el combustible que permita a Vox seguir creciendo a su costa.