Defensas acusadoras

Los acusados por el 'procés' juzgados harían bien en esgrimir mejores argumentos que el cuestionamiento del sistema democrático español

Defensas acusadoras
EFE
EL CORREO

El Tribunal Supremo dio inicio ayer al juicio de mayor alcance celebrado en España porque en él se sientan en el banquillo responsables del Estado autonómico acusados de valerse de su poder para desgajar Cataluña del resto del territorio nacional, por lo que habrían incurrido en los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación. La sesión demostró que la defensa de los encausados va orientada a cuestionar el carácter garantista y democrático del juicio mediante el establecimiento de un nexo indisoluble entre las condiciones en que se ha desarrollado la instrucción y las graves imputaciones que pesan sobre ellos. El letrado de Oriol Junqueras y Raúl Romeva llegó a señalar que se habían «restringido» todos los derechos fundamentales que contempla la Constitución. Parece evidente que tales alegaciones no iban dirigidas tanto a los siete miembros de la Sala como a la Corte Europea de Derechos Humanos, instancia a la que los procesados tendrían el propósito de acudir si son condenados por el Supremo y desestimados sus recursos por parte del Constitucional.

Pero, aun formando parte de los derechos de los acusados adoptar la estrategia de defensa que estimen, todo reproche hacia el procedimiento seguido que comporte un juicio de intenciones contra la actuación del Supremo se excedería de lo legítimo. Además, la acumulación de desacuerdos y quejas respecto a la misma no debería rebasar la línea de lo jurídicamente sostenible hasta convertirse en un alegato político que niegue la indiscutible naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho. Porque por cuestionable que resulte, por ejemplo, la prisión provisional que afecta a nueve de los doce acusados, esa decisión ha sido acordada conforme a la ley. El abogado Andreu Van den Eynde se refirió al perjuicio que para la presunción de inocencia suponían manifestaciones de responsables públicos en las que daban por sentada su condena. Una advertencia acertada: es inadmisible que representantes institucionales se pronuncien de manera tan impropia. Pero si se ha generado un cierto estado de opinión en ese sentido no son ajenas a ello las declaraciones de los propios acusados y de muchos de quienes dicen defender su inocencia. También la exigencia del independentismo al Gobierno de que procurase su absolución. Un estado de opinión que será alimentado por cuantas señales den acusados y defensas de estar mirando, en realidad, al horizonte remoto de Estrasburgo.