Los derechos de los drones

Lo que subyace bajo este asunto es que resulta difícil e irritante, para el animalismo reinante y gobernante, aceptar que hayan sido precisamente los cazadores -o sea, los declarados oficialmente como enemigos de los animales- los que se hayan jugado la vida para salvarlos. Como resulta molesto para los fanáticos del pensamiento ultranormativista que hoy nos asola el hecho de que los héroes no respetaran las estrictas prohibiciones de acceso a la zona. Parece que a algunos les importan más las normas restrictivas y la patente publicitaria del rescate que las vidas de los podencos. La pregunta espinosa es si cabrían las mismas protestas si los rescatados hubieran sido seres humanos. Y se hace más espinosa aún cuando esos mismos animalistas reclaman un reconocimiento de los derechos de los animales, que ya tienen una Dirección General en nuestro Gobierno y que convertiría a los perros en personas jurídicas; o sea, en personas a secas. Siguiendo esa lógica, ¿protestarían porque un héroe se adelantara a los bomberos para salvar a una anciana en un incendio?

Los cazadores de La Palma han mojado la oreja a todo el personal pisando lava volcánica: a los animalistas subvencionados; a los aereocamaristas, que querían lucir su tecnología; a Sergio Antonio García Torres, que cobra un sueldo por proteger unos derechos que no existen en nuestra legislación… Pero esos héroes pueden estar tranquilos porque les protege el artículo 20 de nuestro Código Penal, que, en su ordinal quinto, exime de castigo a cualquiera que «en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber». El único modo de ir contra los cazadores sería reconocer como personas jurídicas a los drones, que también tienen su corazoncito y a los que esa valiente iniciativa ha mandado al paro. Se impone la creación de una Dirección General de Derechos de los Drones y un nuevo sueldazo. Lo digo sólo para dar ideas.