Brexit: la hora de la verdad

El principal desafío de ambas potencias negociadoras será mantener la unidad. Este ha sido el buque insignia del bloque comunitario durante estos dos años de negociaciones de salida, pero la tarea se volverá más complicada en este nuevo capítulo, en el que cada capital tiene intereses diferentes. Llega la hora de la verdad para Reino Unido, traducida en hacer frente a una complejísima y casi simultánea realidad negociadora en tres niveles: el europeo (fijar antes de final de este año 2020, algo dificilísimo en tan corto plazo, el Acuerdo que establezca la relación bilateral UE/RU), el transatlántico (futuro acuerdo comercial con EE UU) y el interno (hacer frente desde Londres al problema escocés, el norirlandés y el de Gibraltar).

No es posible, ni para Reino Unido ni para ningún otro Estado, el mercado único a la carta: para la UE las cuatro libertades de circulación (personas, servicios, mercancías y capitales) son un todo innegociable e inseparable.

La UE no atraviesa su mejor momento histórico, pero o nos integramos más o nos desintegramos; es obligado exigir mayor cohesión de las políticas nacionales, mayor dotación presupuestaria para la UE, una parcial armonización fiscal directa que haga posible acentuar la Europa social; y eso solo es posible con el núcleo duro de Estados que estén dispuestos a seguir adelante. Va a ser inevitable crear círculos concéntricos en torno al corazón de la integración europea. Sin Reino Unido, que siempre ha sido reticente a incrementar los Presupuestos de la UE, ya no hay excusas: es el momento de refundar y reorientar Europa hacia una mayor integración.

Y junto a ello cobra cada vez mayor protagonismo político la cuestión escocesa: ya en 2014 Escocia demostró a Europa y al mundo cómo es posible desdramatizar el debate sobre el estatus de pertenencia a un Estado cuando las cuestiones identitarias y las vinculadas al reconocimiento de una realidad nacional coexistente dentro de una entidad estatal están previamente encauzadas gracias a una cultura política presidida por una voluntad de concordia y pacto que beneficia a todos. Se celebró el referéndum, legal y pactado, y la opción favorable a la independencia no logró su objetivo.

El Brexit emerge como factor determinante y catártico que ha sobrevenido tras tal consulta y que puede legitimar ahora de nuevo su convocatoria. El pueblo escocés rechazó la salida de la UE de forma abrumadora (el 62% se mostró a favor de continuar en la UE frente al 38% favorable a la salida de la UE) y todo ello ha abierto un nuevo proceso de reflexión, culminado en la victoria aplastante de los independentistas escoceses en las últimas elecciones británicas, al lograr 48 de los 59 escaños en juego, triunfo claro que refuerza su petición de un nuevo referéndum de independencia.

«Boris Johnson tiene un mandato para sacar Inglaterra de la Unión Europea pero debe aceptar que yo tengo uno para dar a Escocia una elección alternativa para su futuro», ha afirmado la primera ministra escocesa y líder del SNP, Nicola Sturgeon. ¿Cómo podrá negarse el refrendo de Londres (Boris Johnson ya ha dicho que no va a ser tan comprensivo como lo fue David Cameron y no piensa concederlo) para una nueva consulta tras estos resultados, y constando el precedente del anterior referéndum, algo fundamental desde el punto de vista jurídico?

Y Europa, ¿cómo se posicionará ante esta circunstancia que podría conducir a que un Estado (Reino Unido) se haya ido voluntariamente de la UE y otro Estado (Escocia) que eventualmente adquiera tal condición tras desgajarse del que se va llame a su puerta para solicitar ser admitido como miembro de pleno derecho de la UE? Es probable que de inicio las instituciones europeas no adopten una postura explícita respecto a la independencia de Escocia, como no lo hicieron en 2014.

Desde entonces su actitud ha cambiado de un modo significativo. El Brexit ha ayudado a entender por qué Escocia quiere la independencia. Y la UE dará la bienvenida a una nación como Escocia, que quiere seguir formando parte de las instituciones comunitarias.

Cabe destacar dos circunstancias que, aunque en rigor no se pueden calificar como condiciones de admisión, suelen ser tenidas muy en cuenta por el Derecho internacional en el momento del reconocimiento de nuevos Estados: el carácter democrático y pacífico del proceso seguido para convertirse en un Estado independiente y el hecho de que tal proceso se haya realizado de acuerdo con el Estado preexistente.

Sobre la base de estas premisas, el debate europeo queda abierto y el Derecho debería operar como mecanismo facilitador de la resolución de conflictos y no como factor generador de los mismos o de su agudización. Europa, caso de producirse tal mayoría social clara a favor de la secesión, deberá estar a la altura de las circunstancias, porque negar una realidad democrática invocando las propias normas de la UE supondría en realidad desvirtuar la esencia del propio proyecto europeo. Un hipotético derecho de veto a la entrada de Escocia en la UE anteponiendo intereses geopolíticos a la democracia transnacional europea dinamitaría la base democrática de la UE.