En La almudena no

Con la legislación vigente y el procedimiento arbitrado por el Gobierno, éste se ve atado a la decisión libérrima de la familia. Lo mismo le ocurre a la Iglesia, sujeta por los títulos de propiedad que exhiben sus herederos. Una actuación arbitraria de uno u otra contra la decisión de la familia, con la actual legislación, tiene el altísimo riesgo de que Franco, por sentencia judicial inapelable, acabe en la cripta de La Almudena.

Un auténtico atolladero. Más embrollado aún con el anuncio de la vicepresidenta, Carmen Calvo, de que el Vaticano estaría aliado con el Gobierno para buscar una alternativa y con la infrecuente nota posterior en la que aquél se desentendía de tal compromiso. Para el momento en que estábamos, la nota pactada inicial era suficiente.

¿Hay alguna alternativa?

Desde luego no hay salida si el Gobierno se empeña en cargar la responsabilidad a la Iglesia. Menos aún si piensa que en el Vaticano va a encontrar la interlocución que no acaba de establecer aquí, en el propio Madrid, dándose condiciones para ello.

Es cierto que la Iglesia podría mostrar públicamente una mayor disposición a la colaboración. Se cuida de ello. El Arzobispado de Madrid ha asumido ya un coste ante una parte de sus fieles por el apoyo a la exhumación. No quiere ponerse ahora frente a la inhumación, lo que le provocaría una grieta mayor, cuando considera que es el Gobierno el primer responsable de la búsqueda de alternativas y de alcanzar un acuerdo con la familia.

Tampoco facilita el diálogo la percepción por la Iglesia de un planteamiento más divisor que reconciliador. En la resignificación que proponía la Comisión de Expertos de 2011, lo central era hacer prevalecer el Valle de los Caídos como Memorial de las Víctimas, de todas las víctimas de la Guerra Civil. La exhumación de Franco era la consecuencia de un replanteamiento del Valle, pues «no era víctima». Sin embargo, el Gobierno parece haber convertido la exhumación en el único móvil, despreocupándose de una resignificación reconciliatoria del Valle de los Caídos, la impulsada por el ministro Ramón Jáuregui.

¿Qué opciones caben?

Tres. La primera, la negociación con la familia. Opción poco probable, pero aún no apurada. De hecho, en caso de discrepancia entre los familiares, correspondería al Gobierno la decisión. La segunda consistiría en dejar extinguir el procedimiento administrativo establecido, que tiene caducidad de un año. Es una alternativa que permitiría el apoyo de Podemos a la aprobación de los Presupuestos. La prefieren sectores de izquierda y memorialistas, como mal menor, al menos por un tiempo, hasta que pueda encontrarse una fórmula más exitosa a medio plazo. Pero esta opción, siempre disponible como último recurso, sería un trago amargo para el presidente de Gobierno, amén de decepción para un sector de los apoyos electorales. Además, todo ello quedaría al albur de la incierta correlación de fuerzas resultante de las elecciones generales.

Una tercera opción, a estudiar, es determinar por ley la prohibición de inhumar los restos de Franco en La Almudena. Esto permitiría al Gobierno prohibir la inhumación y, a la Iglesia, obedeciendo la ley, rechazar la misma. Esta vez, con soporte legal.

Pienso, desde el conocimiento de la Ley de Memoria Histórica propio de un ciudadano, que no hay base jurídica sólida para tal prohibición, ni el artículo 15 ni el 16.2., los cuales se refieren a elementos simbólicos y a actos políticos de exaltación de la Guerra Civil y del franquismo. La ley vigente sirve para prohibir manifestaciones o peregrinaciones en La Almudena, pero no para impedir la inhumación. Sin embargo, la base ya consolidada del delito de exaltación sí podría permitir extenderlo a la inhumación de sus restos en lugares de sepultura que por su naturaleza o significación implicasen legitimación o exaltación tanto del dictador como del régimen franquista.

Es el caso de La Almudena. Franco no sólo estaría en el centro de Madrid, bajo la protección y custodia de la patrona de la ciudad, sino que reposaría en el complejo arquitectónico construido en el Palacio de Oriente, de acuerdo con la mentalidad de la vieja alianza entre el Trono y el Altar. Lugar histórico de manifestación de los nostálgicos del franquismo. Templo, además, donde con frecuencia se han celebrado funerales de Estado. Un conjunto urbano de altísima densidad institucional, donde Franco no gozaría sólo de una legitimación religiosa, sino también estatal. Incluso la reforzaría, eso sí, con una forma de jefatura del Estado en las antípodas de la democracia y de la Monarquía constitucional.

Esta fórmula no implica una gran demora. El Gobierno, tras la aprobación del decreto-ley, no sólo lo presentó para su convalidación en el Congreso, sino que pasó a tramitarse como reforma de urgencia de la Ley de Memoria Histórica, la cual está en pleno trámite. Es la ocasión para introducir un nuevo artículo que, teniendo rango de ley, condicione la aplicación del procedimiento administrativo, y sirva para fundar la negativa del Gobierno a las alegaciones presentadas por la familia de Franco. Además de concretar un procedimiento sumario para su traslado al Pardo, salvo que la familia presente un destino acorde con la ley. Pero para hilar fino en esto o barajar otras alternativas, abogados tiene el Estado y letrados el Congreso.