El Sacyl indemnizará a una mujer con diverticulitis a la que operó por error de cáncer de colon en Miranda

Sacyl ha reconocido su error y la Consejería de Sanidad indemnizará a la paciente en respuesta a la reclamación de responsabilidad patrimonial que ésta había presentado para exigir una compensación económica por los daños derivados de la asistencia sanitaria que le fue prestada.

El Consejo Consultivo de Castilla y León se pronunció días atrás a favor de la enferma, con un dictamen que es el penúltimo paso antes de que la entidad sanitaria emita su resolución definitiva con la cuantía de que procede pagar a esta usuaria.

Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2021 cuando la mujer acudió al servicio de Urgencias del hospital mirandés, donde fue diagnosticada de apendicitis aguda de la que fue intervenida sin problema y dada de alta dos días después. Tras la operación, «se envió la pieza quirúrgica al servicio de Anatomía Patológica, que tras realizar la biopsia informó de adenocarcinoma», según recoge en su escrito de los antecedentes el dictamen del Consultivo.

Con ese diagnóstico, que a la postre se comprobó que era erróneo, volvió a pasar un mes después por el quirófano para una intervención que luego se demostró innecesaria. El 24 de noviembre se le practicó una «hemicolectomía derecha laparoscópica», que le mantuvo hospitalizada durante cuatro días.

La pieza extraída tras esa «resección parcial del intestino grueso» fue enviada de nuevo para su análisis a Anatomía Patológica;que, en esa ocasión, emitió un informe con un resultado distinto: no había signos de malignidad en los tejidos. «Tras revisión de la pieza y desestimado el diagnóstico de carcinoma, se planteó diagnóstico de diverticulitis, en una nota de 17 de diciembre de 2022», se recoge en el relato de los hechos del Consejo Consultivo.

La paciente solicitó revisión de la primera biopsia y solicitó una segunda opinión a otro hospital, que «concluyó con el diagnóstico de diverticulitis aguda».

Apenas unos meses después, en febrero de 2022, en una consulta de cirugía, la paciente manifestó tránsito intestinal normalizado con ingesta oral adecuada y malestar psicológico. Pero ese mismo ejercicio el cuadro clínico se complicó y en mayo de 2023 fue intervenida de una hernia por los problemas de una cicatrización del corte realizado en la pared abdominal.

Antes de esta intervención, la paciente mirandesa decidió exigir una compensación económica por el error de diagnóstico y las consecuencias que de él se derivaron. Presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración autonómica en febrero de 2022, en la que estimaba los daños a compensar en 150.303 euros (de ellos, 32.910 euros alegando un perjuicio moral moderado). Expediente en el que consta un informe de la Inspección Médica de 19 de febrero de 2023, que propone estimar la reclamación, y un informe de valoración de daños de 1 de febrero de 2024 realizado por la aseguradora de la Administración, que los cuantifica en 21.915 euros.

Cuantía que fue alegada por la paciente y estimada parcialmente el 24 de septiembre de este año elevando la compensación a 25.072 euros.

En su análisis del caso, el Consultivo constata que «tanto la reclamante como la Administración sanitaria coinciden en que en el proceso asistencial se produjo un error de diagnóstico de Anatomía Patológica y que como consecuencia de éste la paciente fue sometida a una hemicolectomía derecha innecesaria, y a una posterior intervención de eventroplastia, por lo que la relación de causalidad es clara e indiscutible».

En lo que se refiere a la indemnización a abonar, el órgano consultivo regional llama la atención sobre la «determinación de cantidades muy dispares», tanto porque hay diferencias entre las partes en la fecha de estabilización, por las «discrepancias en la valoración del perjuicio moderado, del perjuicio básico, de las secuelas y del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida», así como en la aplicación de los baremos indemnizatorios»

De todos modos, el Consejo, antes de devolver el expediente a Sanidad para que fije la indemnización, señala que, a su juicio, «no puede obviarse, en este caso, la consideración del importante daño moral que el error de diagnóstico y la innecesaria intervención quirúrgica consecuente han debido de producir a la reclamante».