El Senado francés endurece la inmigración

El visto bueno de la Cámara Alta, gracias al apoyo de la derecha y los centristas, supone una primera victoria para el Gobierno de la primera ministra, Élisabeth Borne, que cuenta con menos de cuarenta representantes en el Palacio de Luxemburgo. «Hace un año, hace seis meses, hace tres meses, hace quince días, no mucha gente hubiera apostado que este texto fuera adoptado (por el Senado) con una medida de regularización incluida. Me alegro», dijo el titular del Interior, Gérald Darmanin. El plan ha sido finalmente ciertamente modificado introduciendo medidas más represivas que las inicialmente previstas por el Ejecutivo. Darmanin espera encontrar también un compromiso de los diputados de la Asamblea Nacional del ala izquierda de partido de Macron y sus aliados.

La izquierda y las asociaciones de migrantes se muestran muy inquietas ante un texto más a la derecha y menos equilibrado de lo que había prometido inicialmente Borne. «Es duro, cruel, una vergüenza absoluta», dijo el senador comunista Ian Brossat. «La integración (de los extranjeros) ha desaparecido totalmente», lamentó, por su parte, la socialista Marie-Pierre de la Gontrie. En cambio, el conservador François-Noël Buffet, del partido Los Republicanos, se felicitó por un documento que, según él, apuesta por «una inmigración económica cualitativa y una integración de calidad» y por «tolerancia cero» ante los ilegales.

«Busca regularizar a la niñera y expulsar al delincuente o a los extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad del país», resumió el ministro Darmanin en una entrevista en la cadena de televisión conservadora CNews. El proyecto de ley que ha pasado el filtro del Senado endurece asimismo las condiciones para la reagrupación familiar y los criterios para acceder a la nacionalidad.

Para controlar mejor la entrada de inmigrantes y luchar de forma más eficaz contra los irregulares, los senadores quieren que se ponga en marcha un sistema de cuotas, dificultar las condiciones para acceder a un permiso de residencia por motivos familiares, reforzar los controles de los estudiantes extranjeros y restablecer el delito de estancia irregular, entre otras medidas.

Ante la penuria de mano de obra en ciertos sectores, el Gobierno quería facilitar la regularización de trabajadores sin papeles que, por ejemplo, trabajan en la construcción, en la hostelería, en la agricultura o en asistencia a domicilio. A la derecha no le gustaba esta medida porque consideraba que tendría un efecto llamada. Finalmente, los senadores han precisado que la regularización de esos trabajadores sólo se podrá hacer caso por caso y con carácter excepcional, no de forma generalizada.

Para facilitar la integración de extranjeros por la lengua y por el trabajo, la Cámara Alta quiere exigir un nivel mínimo de A2 de francés para obtener un permiso de residencia de larga duración y reforzar las sanciones contra los empleadores que recurran a mano de obra ilegal.

La izquierda y varias ONG consideran «indigno» que los senadores hayan votado a favor de suprimir la ayuda médica del Estado (AME), que permite el acceso a la sanidad de personas en situación irregular en Francia. Si la reforma migratoria es aprobada definitivamente por las dos Cámaras, los sin papeles solo podrían tener acceso a la ayuda médica de urgencia.

Si la Asamblea Nacional y el Senado no llegan a un acuerdo sobre el texto, el Gobierno puede siempre activar el famoso artículo 49.3 para adoptar la reforma migratoria sin someterlo al voto. Si lo hace, el Ejecutivo se arriesga a que la derecha cumpla su amenaza y presente una moción de censura, la cual tendría pocas posibilidades de prosperar sin el apoyo de la izquierda.