Y las principales preocupaciones de los europeos: economía, inmigración, seguridad...

Siguen siendo los asuntos más relevantes. De hecho han capitalizado buena parte de los mensajes de la campaña electoral. La concepción de una Europa más social, con la propuesta de un salario mínimo común, un euro más fuerte, una unión bancaria que frene los efectos de otra crisis, el fin de los paraísos fiscales e incluso el incremento de la inversión en Europa para favorecer una nueva reindustrialización con mayor peso tecnológico y respetuosa con el medio ambiente que genere más empleo, se han convertido en algunas de las claves para salvar los coletazos de la austeridad que marcó la anterior recesión. Economía, desempleo y el estado de las finanzas públicas (deuda soberana) lideraban hace cinco años el ranking oficial. La lectura, ahora, está más ligada con los problemas de la economía real.

Pese a que el número de llegadas ilegales a Europa cayó el pasado año a niveles previos a la crisis de 2015, el fenómeno continúa estando muy presente entre los ciudadanos. El número de llegadas a España a través de la ruta del Mediterráneo occidental se duplicó en 2018 por segundo año consecutivo hasta alcanzar la cifra de 57.000, lo que la convierte en la ruta migratoria más activa hacia Europa por primera vez desde que Frontex comenzó a recopilar datos. Quizás por ello la inquietud en España es de las más altas (47%) por encima de la media del 44% en la UE. Con todo es en Malta, Hungría, República Checa e Italia (hasta el 62% de los encuestados) donde se cita en lo alto de la lista.

La preocupación por el futuro del planeta ha ido creciendo en los últimos años hasta el punto de que se señala como una de las claves que movilizará a los votantes más jóvenes. A finales del pasado año, el tema solo lideraba la intranquilidad en seis países. En abril, lo hacía en Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Jóvenes de toda Europa han faltado a las aulas los viernes para salir a la calle y exigir medidas a los políticos para evitar un mayor deterioro del medio ambiente. Las protestas comenzaron en septiembre, cuando Greta Thunberg, de 15 años, comenzó a faltar a clase para sentarse fuera de los edificios gubernamentales, acusando a su país Suecia de no cumplir con el Acuerdo Climático de París.

La lucha contra el terrorismo ocupaba la primera posición hace exactamente un año. Y hoy continúa teniendo un importante peso, aunque los analistas identifican a esta variable como la que más rápidamente fluctúa a la baja cuando hay ausencia de atentados en suelo europeo. Los últimos ataques se produjeron en el mercado navideño de la localidad francesa de Estrasburgo (en este caso un atentado de autoría yihadista que causó tres muertos) y en Utrecht, con otras tres víctimas mortales. El terrorismo, también la migración, ha hecho que países como Hungría o Austria hayan impuesto restricciones a la libre de ciudadanos con controles en sus fronteras. La reforma del espacio Schengen está pendiente desde 2017 con una propuesta que precisamente lo que busca es garantizar que esos controles tengan carácter extraordinario y no se extiendan como está sucediendo hoy casi indefinidamente.

Aquí los europeos tienen clara la necesidad de seguir profundizando en la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de los derechos de los niños, las minorías y los desplazados. Las instituciones comunitarias actúan, aunque no con excesiva celeridad, cuando alguno de sus Estados incumplen los valores fundamentales recogidos en los tratados de la UE. En septiembre del pasado año se inició el proceso para activar contra la Hungría de Viktor Orban el artículo 7 (que dejaría a este país sin voz ni voto) después de aprobarse en la Eurocámara un informe que denunciaba la política retrógrada de su gobierno en materia migratoria, libertad de prensa o igualdad, con acusaciones de corrupción contra el propio Orban. Otro caso es el de Polonia, por una intromisión en la libertad de su sistema judicial. Y el más reciente, el de Rumanía, que ostenta la presidencia temporal de la UE, a la que se reprocha ser sospechosamente permisiva con los condenados por corrupción. En ninguno de los tres casos hay aún efectos concretos.

En la encuesta del eurobarómetro esta inquietud obtuvo un porcentaje del 30%. Un análisis del Centro Kantar para la europea Fundación Robert Schuman aprecia que el asunto figura entre los «primeros seis temas de campaña seleccionados por los ciudadanos en siete Estados miembros de la UE». Y seis de ellos están cerca de Rusia. Son Finlandia, Estonia, Polonia, Letonia, Hungría y Lituania. La idea de un ejército paneuropeo, impulsada por Francia y Alemania, ha resurgido en campaña. Aparentemente, una ensoñación. Hoy es difícil que los Estados estén dispuestas a realizar una cesión de soberanía a ese nivel.

La digitalización marca la tendencia de los consumidores europeos. La construcción de una identidad digital a través de redes sociales y la explosión del comercio electrónico pone en riesgo la privacidad. Y constituye la preocupación de un 20% de los ciudadanos consultados. El Reglamento General europeo de Protección de Datos (RGPD) aprobado en la UE en mayo del pasado año carga obligaciones sobre las empresas y otorga más derechos a los internautas como el del 'olvido' (borrado de identidad). El RGPD está aquí para apuntalar una ambiciosa estrategia de futuro: el Mercado Único Digital, que ya ha puesto fin al sobrecoge del roaming, un máximo al precio por minuto de las llamadas entre Estados y otras medidas unificadoras además de derivadas como la protección del 'copyright' de los creadores. El dique para contener los ciberataques y la desinformación está en construcción.