Tubacex cumple 180 días de huelga sumida en un pulso entre la dirección y el comité

La huelga en Tubacex comenzó el 11 de febrero, después de que la empresa confirmase que iba a aplicar un ERE, que en un principio afectaba a 150 trabajadores de los 800 ocupados en Llodio y Álava. La compañía se escudó en el fracaso de las negociaciones para aplicar un recorte salarial y la necesidad de realizar un ajuste, tal y como había hecho en las 20 plantas que tiene en el extranjero. Argumentó que la crisis del sector del petróleo y el gas, al que van dirigidos sus tubos, se ha agravado con el Covid y la acelerada transición hacia energías renovables.

Los sindicatos presentes en el comité -ELA (4), STAT (4), CC OO (3), LAB (1) y ATAL (1)- impugnaron el ERE y el Superior vasco les dio la razón en una sentencia que lo declaró nulo. Los magistrados consideraron que los problemas de la empresa estaban ligados a la crisis coyuntural del Covid y que, por tanto, se había vulnerado la prohibición de despedir en esta situación establecida por el Gobierno central. El tribunal, a diferencia de sus homólogos en España con excepción de Asturias, se decanta por anular los despidos en estos casos en vez de declararlos improcedentes.

Nada más conocerse el fallo, la empresa anunció que iba a recurrir al Supremo y también que no iba a reincorporar a los despedidos, sino que les dejaría en casa pagándoles el salario. Es la misma decisión que tomó PCB, la filial de ITP Aero, ante una sentencia idéntica del Superior vasco que tumbó su ERE. Pero a diferencia de lo ocurrido en ese caso, donde la huelga se desconvocó ya el día de celebración del juicio, en Tubacex se optó mantenerla. Los sindicatos quisieron conservar así ese arma de presión frente a la compañía.

Se abrieron entonces negociaciones entre las partes, pero aún no se ha llegado a ningún acuerdo y hay un absoluto bloqueo. «Está todo parado», decía ayer a este periódico el presidente del comité, Eduardo Ibernia, perteneciente a ELA. Tras su primera respuesta, la empresa accedió a reincorporar a los trabajadores despedidos de forma escalonada hasta el 30 de noviembre y también a abrir una proceso de bajas incentivadas. Pero se ha negado en rotundo a retirar el recurso, que considera «un derecho legítimo a la tutela judicial efectiva». En el fabricante de tubos existe el convencimiento que el Supremo va a rectificar la sentencia del Superior vasco y su particular criterio.

ELA y LAB exigen la retirada del recurso. Para la central que encabeza Mitxel Lakuntza, que ha liderado la impugnación en los tribunales, es una condición imprescindible. El sindicato quiere hacer valer la victoria que obtuvo en el Superior vasco que, según reivindica, no solo anuló los despidos por su relación con causas Covid sino que declaró insuficientes las razones del ERE.

Este criterio es el que ha impuesto en el comité, en el que se han abierto grietas. Mientras STAT y ATAL se abstuvieron en la última votación sobre el mantenimiento de la huelga, CC OO se manifestó en contra y exigió que se convoque la asamblea de trabajadores para un referéndum. Hasta ahora no se han colocado las urnas y las decisiones se han tomado en el seno del comité, tras consultar cada sindicato a sus afiliados por separado. En la plantilla existe una creciente división porque son muchos los trabajadores en situaciones dramáticas después de seis meses sin cobrar.

Mientas tanto, la empresa insiste una y otra vez en que el futuro de las plantas está en peligro. La compañía registró unas pérdidas de 23 millones en el primer semestre, frente a los 8 millones de números rojos del año anterior, y una caída en los ingresos del 43% hasta los 160 millones. Desde las instituciones, por su lado, se han limitado a instar al diálogo. «Esto no puede ser un pulso, nos jugamos mucho», ha dicho el diputado general de Álava, Ramiro González.