Quienes siguen al minuto la concesión de ayudas del Gobierno español para el rescate de empresas 'estratégicas' en dificultades advierten de la existencia de ... una evidente congelación en el proceso. La compañía vasca Tubos Reunidos está en la sala de espera y hace ya semanas que la Bolsa telegrafiaba un inminente rescate -su cotización se ha duplicado desde principios de marzo-, que se ha demorado.
El plan es de sobra conocido. Un total de 10.000 millones de euros que se repartirán entre inyecciones de capital social -suscripción de acciones-; créditos participativos –se consideran fondos propios a efectos de solvencia- y préstamos convencionales. El objetivo también es conocido: impedir que quiebren empresas que han entrado en dificultades como consecuencia de la pandemia. Hay que echarle bastante hilo a la cometa para considerar que algunas de las empresas que aspiran a recibir la lluvia de millones no estaban ya heridas de muerte antes de la Covid-19, pero eso fruto de una interpretación flexible de la teoría de las rectas paralelas: «Dos rectas paralelas jamás coinciden en un punto, salvo que sea un punto muy gordo».
Los nervios en muchas empresas se han disparado en los últimos días, ante el evidente parón que ha sufrido el proceso de aprobación de las ayudas. Las aprobaciones, al menos, se han retrasado tres o cuatro semanas y aunque todo el mundo espera que se desbloquee el 'grifo' antes de que termine el mes de abril, ha habido claras señales de alarma. Sobre todo porque los asesores contratados por Sepi para visar los planes de viabilidad de las empresas han vuelto a pedir datos cuando todo el mundo creía que su trabajo estaba finalizado. Tan sólo cuatro empresas han recibido las ayudas: Air Europa, el grupo Avoris, Duro Felguera –aquí hay bastante hilo de cometa- y la aerolínea Plus Ultra.
¿Las razones de este retraso? Todo el mundo coincide en que hay tres que se han retroalimentado. La primera es el escándalo suscitado por la inexplicable concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que ha despertado todo tipo de sospechas en torno a un hipotético tráfico de tráfico de influencias. La segunda es el reciente nombramiento de la nueva presidenta de Sepi, Belén Guada, que ha exigido conocer con detalle cada expediente. La última es el ruido de fondo de que puede haber más de una denuncia ante la Comisión Europea, por parte de competidores de las empresas rescatadas, para que la UE revise si efectivamente se han cumplido las normas aprobadas para este tipo de ayudas.
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