Un impuesto erróneo, peligroso e injusto

En las últimas semanas, el Gobierno ha anunciado una subida de impuestos al diésel, basada en la idea equivocada de que como «el diésel contamina mucho, debe ser castigado fiscalmente para disuadir a los usuarios de su uso». La carga impositiva, que parece ser de en torno a unos 10 céntimos por litro de gasoil, pretende equiparar el precio de la gasolina y el gasoil.

Sin embargo, el Gobierno se precipita y parece no haberse percatado de lo dañinas y peligrosas que pueden llegar a ser sus declaraciones y las medidas propuestas, como tampoco parece haberse dado cuenta de cuál es la realidad de los motores diésel.

La idea de que «el diésel contamina mucho y/o que contamina más que los motores de gasolina debe ser matizada, ya que no es cierta: Si generalizamos los motores diésel (incluyendo modernos y antiguos en un mismo saco), pueden emitir más NOX, pero emiten menos C02 que los gasolina, siendo este segundo gas perjudicial para el calentamiento global y la capa de ozono. Ya en términos generales la afirmación es incorrecta, debido a que los diésel y los gasolina emiten cada uno un tipo de gas contaminante concreto.

Sin embargo, los nuevos motores diésel poco o nada tienen que ver con los motores antiguos, al emitir un 84% menos de NOX que sus predecesores y un 91% menos de partículas. Además, estos motores emiten un 15% menos de dióxido de carbono que sus homólogos de gasolina y consumen un 25% menos que éstos. Por lo tanto, la afirmación de que «los motores diésel contaminan mas que los de gasolina» es completamente incorrecta.

En definitiva, los vehículos contaminantes son los antiguos que tienen más de 10 años. Por lo tanto, el problema no son los diésel sino la antigüedad del parque de automóviles que supera ya los 12 años de media.

Dado que la medida propuesta por el Gobierno no se fundamenta con la realidad de este tipo de motores, el RACVN entiende que se trata de un mero parche, una argucia recaudatoria nada acertada, que el Gobierno no quiere rectificar pese a su inconsistencia y al rechazo y la polémica sembrada.

El incremento del precio del gasoil constituye una discriminación fiscal hacia los automovilistas propietarios de vehículos diésel respecto a los de otras motorizaciones. Discriminación que se hace aún más injusta si vemos que el Gobierno parece distinguir, dentro de los vehículos diésel, entre conductores profesionales y particulares recayendo la carga fiscal sobre estos segundos; de tal manera que pagarán más los automovilistas particulares sin una razón justificada que sustente la medida. Primero, porque la afirmación de que los diésel actuales contaminan más que los gasolina queda desacreditada; y segundo, porque si la supuesta justificación es la de contaminar, no sólo lo hacen los vehículos particulares, sino que lo hacen tanto o más los automóviles de uso profesional como pueden ser los taxis, transportistas, autobuses, etc

El RACVN opina que la medida propuesta por el Gobierno respecto al gasoil es errónea y peligrosa.

Es errónea porque se plantea en base a idea de que «los motores diésel son más contaminantes que los de gasolina», considerando además que todos los vehículos diésel son iguales sin atender a su antigüedad y/o características técnicas concretas. Es peligrosa porque castiga y pone trabas a los automovilistas (no a todos, sólo a los particulares) sin motivo alguno, siendo los propios gobiernos quienes han fomentado anteriormente este tipo de motores. Y se ha creado una incertidumbre, tanto entre los automovilistas como entre aquellas personas que desean adquirir un nuevo vehículo, y en el sector del automóvil en general. Una medida así puede repercutir negativamente en el bolsillo de los ciudadanos (especialmente los menos pudientes, que además de no poder permitirse la compra de un vehículo nuevo deberán pagar más por el combustible) y en la economía del país; frenando la producción y las ventas de automóviles como ya estamos apreciando; y poniendo en peligro miles de puestos de trabajo.

Si la voluntad es realmente retirar los automóviles más contaminantes, lo más idóneo sería dar facilidades a los automovilistas para que compren un automóvil eficiente, como ya se hizo con los planes PIVE. De esta manera, no sólo no se genera alarma social, sino que se deja de castigar a los automovilistas, se fomenta la producción y venta de automóviles y, con ello, se incide positivamente en la economía. Y además se contribuye a mejorar la calidad del aire y a disminuir las emisiones.

¡Rectificar es de sabios!