Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

En este sentido, Díaz, durante la presentación del 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', puso de ejemplo la batalla con Glovo (sin mencionarla expresamente) como método de coacción a Uber: «Ya lo hemos hecho con otra empresa que se mostraba rebelde y lo vamos a hacer con Uber. No hemos llegado incluso a reformar el código penal incorporando un precepto que regula esta materia para nada», señaló, en referencia a la ley 'rider'.

Así, la ministra de Trabajo recalcó que el Gobierno hará «lo que tenga que hacer» con esta empresa, «porque presuntamente se encuentra al margen de la ley del país», una ley que –recalcó– «no tiene escapatoria».

La conocida como 'ley rider' se aprobó en 2021 tras alcanzar el Gobierno un acuerdo con los sindicatos y la patronal, con el objetivo de regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales, conocidos como 'riders', que operaban como autónomos sin serlo. Una norma pionera en Europa que marcó un antes y un después.

Precisamente, Díaz anunció que la Inspección de Trabajo ha permitido aflorar a lo largo de este año más de 46.000 falsos autónomos y regularizar su situación. También la acción de este organismo público, que vela por la seguridad de los trabajadores, ha logrado convertir más de 33.000 falsos contratos fijos discontinuos en indefinidos ordinarios, así como transformar en indefinidos otros 26.000 contratos temporales. En total, en 2025 la Inspección ha realizado más de 850.000 actuaciones y ha logrado recaudar 33,5 millones de ingresos para las arcas públicas gracia a haber recuperado salarios dejados de percibir por ese valor.

El plan estratégico para la inspección se fija como prioridad reducir la siniestralidad laboral así como prevenir riesgos emergentes que pueden surgir del teletrabajo o nuevas formas de empleo en las plataformas y luchar contra la discriminación, también la que conllevan determinados sesgos de la IA o la brecha salarial, y al mismo tiempo reforzar la lucha contra el fraude transnacional. «En nuestro país no cabe el empleo sin derechos», concluyó la vicepresidenta.